UNA FRAGIL ESTABILIDAD
Reforma y represión en México bajo el régimen
de Carlos Salinas, 1989-1991
Proyecto México
World Policy Institute
777 United Nations Plaza
New York NY
10017
(212) 490-0010
Por Andrew Reding y Christopher Whalen
Andrew Reding es director del
Proyecto México del World Policy Institute, The New School for Social Research
de New York.
Christopher Whalen es
vicepresidente mayor de The Whalen Company, Inc.,
con sede en Washington DC
RESUMEN
- Libre Comercio: La negociación de un Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos y Canadá es la tercera etapa de un esfuerzo
múltiple que realiza Estados Unidos para dar al gobierno de México mayor
estabilidad. A partir de los préstamos
"puente" de emergencia otorgados por la Reserva Federal y el
Departamento del Tesoro en 1989, continuando con el Plan Brady para la
reducción de la deuda y, finalmente, con las pláticas sobre el TLC, la
administración del presidente Bush ha realizado un importante esfuerzo por
apoyar y mantener al PRI, partido mexicano corrupto y autoritario actualmente
en el gobierno, bajo un manto de préstamos, subsidios para la exportación,
asistencia militar y garantías para el crédito. Más que un simple acuerdo comercial, el TLC es parte crucial de
una estrategia regional más amplia que Washington lleva a cabo para mantener la
estabilidad política en México bajo el mandato del PRI. Al tiempo que considera la posibilidad de un
tratado comercial con México, el Congreso estadunidense deberá analizar no sólo
los aspectos comerciales, sino también las cuestiones políticas y de derechos
humanos, así como el tema de la dependencia financiera y el papel que jugará la
nueva deuda externa para el logro del "milagro económico" mexicano.
Fraude electoral: A pesar de la pretendida "reforma"
política del gobierno de Salinas, las elecciones nacionales de mitad de sexenio
que se efectuaron a mediados de 1991 confirmaron que la cosas han cambiado poco
desde el fraude electoral de 1988. En
los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, y Tabasco, las insistentes
protestas contra el fraude obligaron a Salinas a ordenar personalmente la
renuncia de tres gobernadores priístas, dos de ellos recién
"electos". Los resultados de
las contiendas estatales en - por lo menos - Nuevo León, Guanajuato, San Luis
Potosí, y Tabasco demuestran un patrón de violaciones sistemáticas por parte de
las autoridades electorales en contra del derecho ciudadano al sufragio
efectivo. Aunque el gobierno de Salinas
intenta negociar con Washington un tratado de libre comercio, sigue usando sus
amplios poderes policiales y legales para reforzar un régimen unipartidista con
mera fachada de democracia. El diario The
New York Times declaró el 26 de agosto de 1991: "Una competencia democrática
honesta rige los procesos electorales desde el Artico hasta la Tierra del
Fuego. México, Cuba, Surinam y Guayana
son las únicas excepciones".
Poder presidencial ilimitado: Al
igual que en regímenes pasados, en México el poder se ejerce verticalmente y
Salinas se mantiene como autoridad final en todo asunto, sea éste político o
financiero. "Es el jefe de
jefes. En México no existen jefes sin
el consentimiento y la autoridad del presidente", declaró recientemente
Adolfo Aguilar Zinzer a través de la radio nacional pública de los EE.UU. "Se trata de un poder piramidal en el
cual líderes sindicales, gobernadores y caciques locales participan en la
administración de un poder central que en última instancia pertenece al
presidente". Por medio del fraude
electoral, el pasado mes de agosto el PRI obtuvo el control de dos tercios de
los curules en la Cámara de Diputados.
Con un poder legislativo de sello de goma y un poder judicial servil, no
hay contrapeso al poder del presidente, quien ahora está modificando la
Constitución según su propia voluntad.
Hay quienes especulan que incluso podría enmendar la constitución para
permitir su "reelección" en 1994.
Violaciones a los derechos humanos:
A pesar de la creación, hace más de un año, de una comisión gubernamental para
los derechos humanos, persiste un claro patrón de violación a estos derechos
por parte del Estado. La tortura es
universal y docenas de periodistas, más de una centena de miembros de partidos
políticos de oposición y un destacado defensor de los derechos humanos han sido
asesinados desde que Salinas tomó el poder.
Más recientemente, siete agentes de la policía federal antinarcóticos
fueron masacrados por soldados del ejército mexicano, aparentemente para
impedir la captura de una avioneta colombiana que transportaba cocaína. Según Amnistía Internacional: "A pesar
de la prohibición pública de la tortura por parte del gobierno... casi
cualquier persona que sea arrestada corre peligro. La tortura sigue siendo una enfermedad endémica en México. Amnistía Internacional cree que la razón
principal es la impunidad casi absoluta de que gozan los funcionarios, quienes
por rutina actúan fuera de la ley sin temor de ser castigados". Para mayores detalles y ejemplos recientes.
Reforma económica: Se está
engañando a los miembros del Congreso y al pueblo estadunidense haciendoles
pensar que se están produciendo cambios revolucionarios en la estructura
económica mexicana. De la misma manera
que México ha disfrazado exitosamente los aspectos más egregios de un régimen
autoritario tras la fachada de una estructura democrática, ha tenido igual
éxito al vender a inversionistas y periodistas una falsa imagen de apertura
económica. Un editorial que apareció el
2 de diciembre de 1991 en el Wall Street Journal decía que "ni el
más severo crítico de México podría negar el éxito de las políticas
macroeconómicas del presidente Carlos Salinas". Pero aun en pleno auge de la "privatización" de líneas
aéreas, bancos, servicios telefónicos y otras empresas estatales, los
sindicatos y empresas afiliados al PRI-gobierno siguen dominando la economía,
limitando así el verdadero potencial del país para abrirse al libre mercado.
Deuda externa: Inmediatamente después de concluir el Plan
Brady, México empezó nuevamente a incrementar su deuda externa. A partir de 1989 México ha contraído una
nueva deuda externa pública y privada de alrededor de 20 mil millones de
dólares. Tan sólo el Banco Mundial
ha otorgado casi 10 mil millones de dólares adicionales en préstamos, y se han
solicitado a otras agencias multilaterales, gobiernos extranjeros y fuentes
privadas miles de millones más por concepto de préstamos, hipotecas y créditos
para la exportación. Hasta la fecha
Washington ha sido el principal otorgante de créditos, subsidios financieros y
asistencia militar, pero México también ha contraído una nueva deuda de miles
de millones de dólares con inversionistas privados. En general, la actual deuda externa de México suma casi 107 mil
millones de dólares, en comparación con los 91 mil millones que debía al
finalizar el Plan Brady.
- Un peso sobrevaluado: Como en
años anteriores, el gobierno mexicano sigue utilizando una moneda sobrevaluada
para atraer la inversión extranjera, en especial los flujos especulativos para
el mediano plazo que se requieren para financiar un déficit comercial que va en
aumento. En términos reales (ajustadas a la inflación), el
peso ha llegado a los niveles que mantenía en 1987 en relación al dólar,
mientras que el aumento en las importaciones está produciendo un déficit de 10
a 12 miles de millones en la cuenta comercial para 1991 (en septiembre el
déficit comercial acumulado para 1991 era de 7.4 mil millones de dólares). Con el anuncio reciente de una reducción a
menos del dos por ciento anual en la tasa de depreciación del peso en relación
al dólar (a pesar de la inflación interna de dos dígitos) virtualmente se
asegura que México enfrentará serios problemas en su balanza de pagos antes de
que finalice el régimen del presidente Salinas en 1994. De hecho, debido a una política que se basa
en la contratación de una nueva deuda externa para financiar el aumento en los
déficits comerciales y en cuenta corriente, de manera inadvertida Washington
podría estar sentando las bases de la crisis financiera que México ha estado
intentando eludir.
Los
autores agradecen de manera especial a sus colegas en México, Estados Unidos y
Europa que han contribuido para la elaboración de este artículo. [Revisado 15 de Abril de 1992.]
INTRODUCCION
En
agosto de 1990, el novelista peruano Mario Vargas Llosa escandalizó a las
élites gubernamentales cuando identificó a México como "la dictadura
perfecta":
"La dictadura perfecta no es
el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México, Porque
es la dictadura camuflada, de tal modo que puede parecer que no es una
dictadura; pero tiene de hecho, si se le escarba, todas las características de
la dictadura: la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido, un
partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la
crítica, en la medida que esa crítica le sirve, porque confirma que es un
partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores,
aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia."
[Proceso 723:53]
La
descripción anterior caracteriza con toda precisión al sistema político vigente
en México bajo el Partido Revolucionario Institucional o PRI. Con el desmoronamiento del comunismo
soviético, México ahora se puede jactar de ser la dictadura unipartidista más
antigua del mundo, un régimen que el gobierno de Bush ha ayudado a sostener a
través de préstamos de emergencia, planes de condonación de la deuda, nuevos
créditos e inversión privada. Aun
cuando las naciones de Europa del Este y América Latina están trocando el
autoritarismo por la democracia, México sigue siendo una excepción
recalcitrante al movimiento mundial por la libertad - y al mismo tiempo uno de
los principales estados clientes de Washington.
El
diario The New York Times declaró el 26 de agosto de 1991: "Una
competencia democrática honesta rige los procesos electorales desde el Artico
hasta la Tierra del Fuego. México,
Cuba, Surinam y Guayana son las únicas excepciones". Ante la ausencia de muestras claras de
alarma por parte de Estados Unidos, el presidente mexicano Carlos Salinas de
Gortari está reforzando el régimen autoritario y perpetuando el dominio del PRI
sobre la economía a pesar de una "privatización" selectiva de
empresas paraestatales y de la negociación de un acuerdo de libre comercio con
Washington. En el punto II de este informe se discute el nivel masivo de
asistencia financiera del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y
otras agencias multilaterales, combinada con créditos para la exportación del
Banco de Exportación y Importación, la Corporación Crediticia del Departamento
de Agricultura de Estados Unidos y aun de préstamos "puente"
otorgados por la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro. Este enorme mecanismo de apoyo manda una
señal poco afortunada al gobierno de Salinas en el sentido de que Washington
aprueba y apoya activamente sus acciones en el terreno político y económico.
Mientras
aparenta promover ciertas reformas en favor del libre mercado, el gobierno de
Salinas reprime los esfuerzos por integrar un movimiento de mano de obra libre,
se vale de políticas económicas autoritarias para dar la apariencia de una
dismininición en la inflación, silencia a editores y periodistas que se apartan
demasiado de la línea oficial y, por medio del fraude electoral, niega
cualquier posibilidad de pluralismo político.
Según la Casa de la Libertad (Freedom House) de Nueva York, "El
tema de la reforma política en México apenas se tocó en el debate con Estados
Unidos sobre libre comercio" (Freedom Review, julio-agosto, 1991).
"Al igual que el de la condición alarmante de los derechos humanos durante
la última década."
El
secretario de estado James Baker recientemente se refirió a México como
"modelo" para las reformas que están ocurriendo en los nuevos estados
surgidos de lo que fue la Unión Soviética y Europa del Este así que en el
Tercer Mundo (Washington Post, 10 de septiembre, 1991), para
ejemplificar el grado en que la administración de Bush está dispuesta a pasar
por alto los graves problemas sociales y económicos en aras de una estabilidad
superficial al sur de la frontera. De
hecho, mientras la mayoría de los observadores conceden a México el crédito por
su éxito en el frente económico, un análisis minucioso del "milagro
económico" de Salinas posterior a 1988 y del monto de los nuevos préstamos
y créditos para la exportación que se requieren para financiar este milagro,
sugiere que las pretensiones de progreso estan fuertemente exagerados.
Para
entender la política de "no ver mal, no eschuchar mal y no hablar mal de
Mexico" que el gobierno de Bush sostiene hacia México es necesario
examinar la crisis electoral de 1988.
Se esperaba que Carlos Salinas, a quien se consideraba extrañamente
amistoso hacia los intereses de Estados Unidos, ganara la presidencia por un
amplio margen. Sin embargo, una oleada
de apoyo hacia el líder de la oposición Cuauhtémoc Cárdenas sorprendió tanto al
PRI como a Washington.
El
sistema de computación falló misteriosamente la noche de la elección y se
escondió la documentación real baja custodia del ejercito hasta que la
aplanadora priísta en el Congreso resolvió quemarla en el mes de diciembre de
1991. Sin embargo, la evidencia sugiere que Cárdenas obtuvo cerca del 42 por
ciento de los votos contra un 36 por ciento que favoreció a Salinas. El gobierno detuvo los resultados globales
durante más de una semana mientras se quemaban las boletas de Cárdenas y los
"alquimistas" del partido inflaban el voto en favor del PRI para
producir una mayoría del 50 por ciento en favor de Salinas. (Para un análisis de los resultados
electorales reales véase Berberán et al., "Radiografía del fraude
electoral", Editorial Nuestro Tiempo, México, 1988).
Aún
más que los motines de Venezuela, tan extensamente publicitadas, el fenómeno
Cárdenas hizo sonar las alarmas de la Casa Blanca. Cuauhtémoc, hijo del reverenciado presidente Lázaro Cárdenas, y
su programa nacionalista fueron percibidos no sólo como una amenaza al PRI,
sino como adversos para los intereses económicos y políticos de Estados
Unidos. De hecho, el periodo de
inseguridad que llevó a la toma de posesión de Salinas puso en movimiento a un
esfuerzo complejo y multifacético de parte del Departamento del Tesoro y del
Departamento de Estado para estabilizar al gobierno no electo pero
"amistoso" en la ciudad de México.
John
Negroponte, quien durante su cargo como embajador en Honduras en los años
ochenta vigiló la integración de los contras nicaragüenses apoyados por Estados
Unidos, fue despachado hacia la ciudad de México para manejar el rescate
económico. Consideremos la secuencia de
los eventos:
Préstamos puente: La primera
respuesta tangible de Estados Unidos ante las elecciones mexicanas de 1988 fue
una serie de préstamos "puente" otorgados por la Reserva Federal para
cubrir pagos comerciales de corto plazo.
De agosto de 1988 hasta mayo de 1990 el Banco de la Reserva Federal de
Nueva York prestó al gobierno de México casi 2 mil millones de dólares, aceptando
como "garantía" pesos mexicanos esencialmente sin valor para cumplir
con los requisitos estatutorios. El
secretario del tesoro Nicholas Brady autorizó los préstamos, pero el autor
intelectual del plan fue el secretario de estado James Baker III.
Reducción de la deuda: A
continuación vino el Plan Brady de 1989, cuya intención era crear un aparente
alivio de la deuda mientras que de hecho proporcionaba préstamos multilaterales
masivos a los gobernantes mexicanos. A
partir de 1989 México ha contraído una nueva deuda externa pública y privada de
alrededor de 20 mil millones de dólares.
Por medio del Plan Brady, México pagó por adelantado el equivalente a 12
mil millones de dólares sobre el capital de su deuda externa, reduciéndola a
cerca de 91 mil millones de dólares, y logró un ahorro "bruto"
inicial en el pago anual de intereses de casi 2 mil millones de dólares. (Para un análisis del pacto, véase "A
History of International Lending", Research in Financial Services,
vol. 3, JAI Press, 1991, (ISBN: 1‑ 55938-278-3).) Los analistas están en desacuerdo en cuanto
a si México obtuvo un ahorro "neto" real en el costo del servicio
anual de la deuda. Según la Contraloría General, como parte del acuerdo se
concedió a México un subsidio de cuando menos 192 millones de dólares, para la
compra de bonos especialmente emitidos por el Tesoro (véase "Review of
Treasury Department's Conduct of International Financial Policy", House
Banking Committee, Informe 101-163).
Libre comercio: El tercer
componente de la estrategia de Washington para la estabilidad de México es el
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, o TLC, que propuso el
presidente Bush hace dos años. Al igual
que el Plan Brady y los préstamos "puente" del Departamento del
Tesoro, el TLC tiene como objetivo fomentar mayor confianza en la viabilidad
económica de México, dando así lugar a una mayor disponibilidad de crédito del
extranjero mientras el aparato gubernamental y económico controlado por el PRI
permanece intacto. En un memorándum confidencial
dirigido al Departamento de Estado que se filtró a la prensa mexicana en mayo
de 1991, el embajador Negroponte demandaba un apoyo decidido hacia Salinas a
través de una iniciativa política y comercial, argumentando que el gobierno de
Salinas estaba cambiando su actitud hacia Washington de manera
"dramática", y diciendo que el TLC representaba una oportunidad única
para aumentar la influencia de Estados Unidos sobre México (ver Proceso,
759:6-9).
Como
quiera que se evalúa las motivaciones originales para los objetivos que el
embajador Negroponte articuló y el gobierno de Bush instrumentó, tanto en
términos financieros como políticos la política de estabilidad de Washington
está muy alejada de las realidades mexicanas actuales. El Partido de la Revolución Democrática
(PRD) de centro-izquierda ha perdido terreno a partir de su incepción casi
espontánea tras de la elecciones de 1988. Tomando su lugar como principal
partido de oposición es el Partido de Acción Nacional (PAN), órgano centrista
que clama por un gobierno limpio, sufragio efectivo y desarrollo del libre
mercado. Así que el gobierno estadunidense se encuentra en la extraña postura
de apoyar el status quo autoritario dentro de un país donde una
tendencia moderada, democrática y en favor de la libre empresa encabece la
oposición política.
Por
otra parte, la economía mexicana es estable, pero depende en gran medida de
asegurar su acceso a un mayor financiamiento externo. "La política económica del gobierno requiere del flujo
continuo de capital extranjero", consignó el Financial Times el 21
de noviembre de 1991. "El gobierno
mexicano reconoce en su proyección más reciente un déficit en su cuenta
corriente de cerca de 13 mil millones de dólares para el próximo año; esto
supone un crecimiento modesto de la economía de sólo 4 por ciento para 1992.
Este déficit tendría que financiarse con flujos de capital de igual
magnitud."
Por
fortuna, las cuestiones económicas y políticas básicas que aún no considera el
gobierno de Bush -y a las que no se ha hecho referencia en las negociaciones
del TLC- están atrayendo un mayor interés en el Capitolio, con bastante
anterioridad al voto final. Un informe, entre otros, que apareció el 9 de
noviembre de 1991 en el Washington Post indica que la Casa Blanca podría
aplazar el debate sobre el TLC en el Congreso hasta después de las elecciones
de este año. Cualquiera que sea el
resultado específico, el tratado comercial hará surgir cuestiones de derechos
laborales, subsidios y préstamos estadunidenses, normas ecológicas y
sanitarias, y elecciones libres, asegurando que ésta será sólo una primera
etapa en un nuevo diálogo entre dos vecinos cada vez más cercanos.
I. COMO
OCULTA MEXICO SU REGIMEN UNIPARTIDISTA
"El
gobierno (de Salinas) ofrece a Estados Unidos un pacto implícito, dentro del
cual el libre comercio es el último paso.
México pondrá en efecto sin discriminación alguna el tipo de reformas
económicas que Estados Unidos siempre ha querido para este país, pero Estados
Unidos aceptará y protegerá al sistema político existente. El pueblo de México desea un relación
amistosa y equilibrada con Estados Unidos, pero no a costa de avalar el
gobierno autoritario de México."
Cuauhtémoc
Cárdenas
New
York Times
1
de abril de 1990
Visto
superficialmente, los Estados Unidos Mexicanos, como se conoce oficialmente al
país, parecerían un régimen democrático que sigue el modelo de Estados
Unidos. México está estructurado como
sistema federal; cada uno de sus 31 estados elige a su propio gobernador, a sus
legisladores y a dos senadores federales.
Al igual que en Estados Unidos, el gobierno federal está integrado por
un presidente, la suprema corte y el congreso. El congreso está dividido en dos
cámaras: la de Senadores, con 64 miembros (el Distrito Federal tiene dos
senadores), y la de Diputados, con 500 curules, que equivale a la Cámara de
Representantes de Estados Unidos. Sin
embargo, tras esta fachada democrática, existen factores institucionales que
aseguran la perpetuación de un régimen autoritario.
Ocultas
muy por adentro de la Constitución existen diversas cláusulas que niegan
cualquier posibilidad de una separación auténtica de los poderes a nivel
federal. La primera, y más importante,
es la "cláusula de gobernabilidad" (artículo 54 IVc), que asegura al
partido en el gobierno una mayoría absoluta de curules en la Cámara de
Diputados, con tan solo el 35 por ciento del voto popular. En teoría, otros partidos podrían
beneficiarse con esta disposición, pero en la práctica esta posibilidad se ve impedida
por los mecanismos de control electoral que ejerce el PRI, por medio de los
cuales se asegura el margen mínimo requerido del 35 por ciento.
La
"cláusula de gobernabilidad" permite al gobierno presentar una falsa
careta de pluralismo político, asegurando, por una parte, la presencia de los
partidos de oposición en el Congreso, mientras que, por la otra, garantiza que
no tengan impacto alguno sobre las medidas legislativas. En nombre de la gobernabilidad, este
mecanismo antidemocrático deja fuera cualquier posibilidad de compartir el poder
entre dos o más partidos políticos, como se hace en sociedades supuestamente
tan "ingobernables" como Alemania y Estados Unidos. Combinada con el control absoluto que ejerce
el presidente sobre los legisladores del partido en el poder, la "cláusula
de gobernabilidad" reduce al Congreso mexicano a poco más que un sello de
goma.
La
Suprema Corte de Justicia está igualmente encadenada por otra cláusula
constitucional conocida como "Fórmula Otero" (artículo 107, I y II),
que proscribe la revisión judicial de la legislación. Cualquier individuo cuyos
derechos constitucionales hayan sido violados puede demandar un desagravio; sin
embargo, la decisión a favor de tal individuo no se aplica a otros casos. Cada individuo en idénticas circunstancias
deberá presentar una queja por separado, e incluso el tribunal no podrá
considerar ambos incidentes como parte de una acción de clase más amplia. Además de los obstáculos de procedimiento, a
los altos tribunales se les impide de manera explícita declarar inconstitucional
una ley y tampoco pueden poner en práctica el derecho constitucional del
"sufragio efectivo".
Puesto
que el presidente puede obtener la aprobación por aplanadora de cualquier ley
en el Congreso sin posibilidad de que la Suprema Corte la declare inconstitucional,
existe poca diferencia efectiva entre el sistema presidencial de México y
cualquier dictadura clásica. De hecho,
la "cláusula de gobernabilidad", única hoy día entre los países de
América Latina (Cuba ni siquiera finge la existencia de pluralismo político) es
similar en su estructura a los sistemas vigentes en Paraguay durante la
dictadura del presidente Alfredo Stroessner y en Nicaragua bajo el régimen de
Anastasio Somoza, hombre fuerte apoyado por Estados Unidos.
Control presidencial centralizado
"Es
el jefe de jefes. En México no existen
jefes sin el consentimiento y la autoridad del presidente. Se trata de un poder piramidal en el cual
líderes sindicales, gobernadores y jefes locales administran un poder central
que en última instancia pertenece al presidente".
Adolfo
Aguilar Zinzer
Edición
Matutina
Radio
Nacional Pública (NPR)
18
de noviembre de 1991
Existen,
sin duda, ciertas diferencias entre México y las dictaduras clásicas de América
Latina. Una de las principales
diferencias es que a partir de 1988 y hasta el 1 de noviembre de 1991, el
presidente no contaba con la mayoría constituida por las dos terceras partes
del Congreso necesarias para realizar alteraciones en la Constitución. Como se detalla a continuación, este poder
se retomó por medio del fraude electoral en los comicios de agosto de 1991.
Una
segunda diferencia es la prohibición constitucional de la reelección, que
limita a los presidentes mexicanos a un solo periodo de seis años. Aun así, el control del PRI confiere a los
presidentes un poder informal para designar a sus sucesores (como Fidel Castro
en Cuba y Francisco Franco en España).
Por más de medio siglo, cada presidente mexicano saliente ha señalado a
su sucesor a través de lo que se conoce como "dedazo".
Al
recuperar el presidente el control de dos tercios del Congreso, la prohibición
de reelegirse puede verse en peligro.
Habiendo consolidado su poder mediante las elecciones fraudulentas de
mitad de sexenio, el presidente Salinas está en posibilidad de modificar la
constitución según su voluntad y está midiendo el terreno en relación a una
enmienda constitucional que le permitiera permanecer en el puesto al concluir
su periodo sexenal en 1994.
Aparte
de la falta de frenos y equilibrios constitucionales, la presidencia de México
ejerce un poder informal impresionante a través del PRI. 29 de los 31 gobernadores, 61 de los 64
senadores y 321 de los 500 diputados deben su puesto al presidente y a sus
principales aliados. Como en el caso de
otros partidos autoritarios (ya sea comunistas, fascistas o militares), se
espera que éstos sean infaliblemente leales al presidente, y de hecho lo
son. Los legisladores del PRI
automáticamente votan por la línea que propone el presidente, al estilo de lo
que la oposición llama "la aplanadora". Los senadores del PRI confirman de manera automática los
candidatos que designa el presidente para ocupar cargos en la Suprema Corte, y
los magistrados priistas de la Suprema Corte con toda obediencia seleccionan de
entre sus miembros al favorito del Presidente de la República para ocupar el
cargo de presidente del Poder Judicial.
Los
gobernadores priistas obedecen de manera rutinaria las directivas
presidenciales, incluyendo la orden de "renunciar" cuando ya no son
útiles. Ningún presidente había hecho
mayor uso de este poder que Carlos Salinas, quien hasta la fecha ha reemplazado
a 7 de 31 gobernadores, todos después de elecciones en donde no pudieron hacer
prevalecer el fraude, y perdieron terreno ante la oposición. Primero depuso a
los ejecutivos de Michoacán, Baja California, y el Estado de México, los
estados que ni podía pretender ganar el PRI en 1988. El próximo fue el
gobernador de Yucatán, después de que tuvo que conceder la capital (Mérida) al
PAN en la primavera de 1991. Tras las manifestaciones de repudio al fraude
electoral en las elecciones para gobernador de Guanajuato y San Luis Potosí de
agosto de 1991, llego el turno de los "gobernadores-electos" de
aquellos estados para obedecer a la órden presidencial de renunciar (todo sin
semblanza alguna de proceso legal, ya que tanto el presidente como su partido
siguen insistiendo en que el PRI ganó las elecciones por las gubernaturas en
ambos estados). Al hablar en Washington
el 1 de noviembre de 1991, Sergio Aguayo, presidente de la Academia Mexicana de
Derechos Humanos describió la remoción de los dos supuestos
"ganadores" del PRI como "un indicio de la persistencia del
centralismo y el autoritarismo en México". Ya hubo otro indicio más a
principios de 1992, con el despido del gobernador de Tabasco cuando no pudo
controlar la ira popular tras otro fraude en las elecciones estatales.
El
despido frecuente de gobernadores por parte del presidente pone en entredicho
las limitaciones que en teoría tiene el ejecutivo, nulificando la separación
entre los poderes federal y estatal que establece la Constitución. Ahora, más que nunca, las decisiones se
toman en la ciudad de México. Por otra
parte, el ejercicio que hace Salinas de su enorme poder informal arroja serias
dudas sobre las declaraciones de que el presidente no puede controlar las
acciones de las bases del PRI, de la policía federal y del ejército. Además los despidos de
"gobernadores-electos" ponen en manifiesto las debilidades de las
bases populares del PRI y su correspondiente dependencia del apoyo político y
financiero de los Estados Unidos.
Movimientos laborales y políticos
controlados
El
presidente de México controla los movimientos laborales a través de varias
extensiones corporativas del PRI, de las cuales el más significativo es la
Confederación de Trabajadores de México (CTM). El secretario general de la CTM,
Fidel Velázquez, de 91 años de edad, ha manejado la confederación con mano de
hierro desde que llegó al poder en 1941.
Durante el medio siglo en que Velázquez ha controlado el movimiento
sindical mexicano, le ha asegurado a ocho presidentes una fuerza de trabajo
dócil. Las escasas huelgas que se han
registrado durante este periodo se han hecho al margen de los sindicatos
oficiales, y han sido reprimidas por la acción coordinada del ejército, la
policía y la Secretaría del Trabajo, con amplio apoyo de Velázquez, quien
posteriormente se ha dedicado a restablecer el control que ejerce la CTM.
La
autoridad discrecional del presidente se ve aún más reforzada por las leyes en
materia laboral que le permiten -a través de la Secretaría del Trabajo- decidir
cuáles sindicatos pueden "registrarse". Invariablemente, este poder se utiliza para autorizar a aquellos
sindicatos dominados por el PRI, sin importar su fraudulencia, mientras se
niega la legalidad de los sindicatos independientes. En vista de que los sindicatos independientes y democráticos que
sí se declaran en huelga generalmente no están registrados, al gobierno le
resulta fácil declarar estas huelgas "inexistentes" y mandar a la
policía o, donde es necesario, al ejército para dominar a la fuerza de trabajo
y dar una lección objetiva a los demás.
En
la edición del 1 de agosto de 1991 del Congressional Record, el diputado
por Ohio Don Pease hizo notar que los observadores extranjeros que presenciaron
las elecciones sindicales de plantas de la empresa Ford en México informaron
que "a los trabajadores de estas plantas no se les permitió elegir
libremente a sus delegados ...a los obreros que participaron se les coercionó
para que emitieran su voto a favor de aquellos candidatos que el gobierno apoya
a través de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)".
Otro
método de control político disfrazado se da con los tres partidos satélites del
PRI: el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), el Partido Popular
Socialista (PPS) y el Frente Cardenista (PFCRN). Este último utiliza de manera deliberada -y exitosa- la etiqueta
cardenista para desviar votos del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas; esta diposición es permitida por las
comisiones electorales que domina el PRI. Ninguno de los partidos antes
mencionados cuenta con bases sociales genuinas. Los tres deben su existencia a los votos que literalmente les
conceden las autoridades electorales controladas por el PRI, y a los subsidios
y el apoyo del gobierno. Estos satélites son similares en su esencia a los
partidos cautivos de la antigua legislatura comunista de Alemania Oriental, y
desparecerían de igual manera ante la llegada de una democracia genuina.
Aunque
las 321 curules que ocupa el PRI en la Cámara de Diputados son 13 menos de las
334 necesarias para enmendar la Constitución, el presidente Salinas confía en
los partidos satélites para completar el resto. Con sus 23 asientos, el Frente Cardenista (PFCRN), cuya lealtad
hacia Salinas es inequívoca, podría por sí sólo proporcionar los votos
necesarios, al igual que el PARM, con sus 15 diputaciones. Esto daría al presidente la mayoría de dos
tercios en el Congreso, al mismo tiempo que le permitiría seguir la farsa
cuando discute la "democracia" mexicana con los periodistas y líderes
políticos de otros países.
De
hecho, el presidente tiene también el apoyo de un sector apreciable del PAN,
incluyendo a Diego Fernández de Cevallos, coordinador de la bancada panista en
la Cámara de Diputados. Llama la atención el hecho de que Fernández, después de
apoyar a las falsas "reformas electorales" de 1989-90, se sumó en
diciembre a la propuesta priísta de quemar los paquetes electorales de 1988.
Con
el apoyo del Frente Cardenista y de la parte paraestatal del PAN dirijido por
Diego Fernández, el presidente Salinas está cambiando la Constitución a como le
da la gana. En los últimos meses, ha terminado con la reforma agraria y
cambiado las relaciones entre iglesia y estado sin semblanza de consulta
popular ni de concertación con la auténtica oposición parlamentaria. Así el presidencialismo mexicano se vuelve
todavía más dictatorial.
El espejismo democrático
La
necesidad de mantener una máscara democrática sobre la realidad autoritaria
ejerce una presión especial sobre las autoridades electorales de México. Se espera que den una semblanza de
pluralismo sin jamás poner en peligro el sistema unipartidista para gobernar el
país. De esta manera, todo partido de
oposición con registro permanente cuenta al menos con un representante dentro
del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Sin embargo, el PRI tiene garantizada una mayoría arrasadora con
la adición de seis consejeros magistrados propuestos por el presidente.
Para
mantener las apariencias, el artículo 41 de la Constitución estipula que los
magistrados propuestos por el presidente deben ser aprobados por el voto de dos
tercios de la Cámara de Diputados, aunque la frase que sigue especifica que, si
esto no fuera posible, la selección se haría por sorteo entre las propuestas
presidenciales. De esta manera, el PRI
no puede perder. Aun sin tomar en
cuenta la verdadera lealtad de los representantes de los partidos satélites, el
PRI disfruta de una mayoría de 13 a 8 dentro del Consejo General del Instituto
Federal Electoral. En las últimas
elecciones, por ejemplo, el PRI utilizó su mayoría arrasadora dentro del
Consejo General y los "colegios electorales" para desvirtuar
cualquier acusación comprobada de fraude electoral que presentara la
oposición. De hecho, el PRI llevó a
cabo y certificó las "elecciones" de manera unilateral, situación muy
parecida a la que prevalecía dentro del estado soviético de antes de Gorbachov.
Otro
rasgo único del sistema electoral de México es que está manejado por el
Secretario de Gobernación del país. No
hay nada que demuestre más claramente la verdadera función de las elecciones en
México que el hecho de que el miembro del gabinete encargado del orden interno
presida y administre también -por ley- el Instituto Federal Electoral. Entre las naciones latinoamericanas, sólo en
Cuba se puede encontrar un arreglo semejante entre el gobierno y un partido
político. De hecho, como hemos visto,
existe poca separación entre el PRI y los recursos financieros y burocráticos
gubernamentales.
El
funcionario que se encarga en la actualidad de los procesos electorales es
Fernando Gutiérrez Barrios, Secretario de Gobernación, antiguo jefe de la
policía federal de seguridad y destacado "dinosaurio" del PRI dentro
del gabinete de Salinas. Controla no sólo todos los procesos electorales, sino
también las relaciones entre federación y estados, los recursos federales de
inteligencia, y (a través de mecanismos que se discutirán más adelante) la
mayoría de los medios masivos de comunicación. Exgobernador de Veracruz, con
acceso político de alto nivel tanto en la Habana como en Washington, Gutiérrez
Barrios es una figura reaccionaria clave decidido en su papel de mantener la
hegemonía política y económica del PRI.
Asimismo,
se ejerce un control estricto sobre los grupos políticos que pueden participar
en las elecciones en México. Para
participar en una elección, los partidos políticos deben asegurar su
"registro" electoral oficial.
En la práctica, este recurso se facilita a los partidos satélites y a
otros grupos que dividan el voto de la oposición. De esta manera, en las elecciones pasadas el Instituto Federal
Electoral otorgó registros provisionales al Partido Ecologista Mexicano (PEM),
al Partido de los Trabajadores (PT), y al Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT), a sabiendas que esto le restaría votos al partido de centro
izquierda de Cárdenas, PRD; igualmente concedió el registro provisional al
Partido Demócrata Mexicano (PDM), para restarle votos al Partido de Acción
Nacional (PAN) de centro derecha.
De
manera importante, la nueva ley electoral salinista prohibe que todos estos
partidos con "registro condicional" formen alianzas ya sea con el PRD
o con el PAN. Los tres partidos
satélite (PFCRN, PARM y PPS) cuentan con registro permanente. Curiosamente, son los tres únicos partidos
pequeños a las que regularmente se adjudica los suficientes votos nacionales
(más del 1.5 por ciento) para conservar su registro. Por otra parte, cuando un partido que se considera como amenaza
directa a las bases electorales del PRI busca obtener su registro, se enfrenta
a un sinnúmero de obstáculos.
Hace
dos años, cuando el PRD encabezado por Cárdenas intentó obtener su registro con
la campaña más extensa y exitosa en la historia del país, se le bloqueó por
medio de retrasos en los procedimientos y finalmente se vio obligado a asumir
el registro de un partido de izquierda ya existente para aparecer en las
boletas. Aun así, se le prohibió el uso de los colores nacionales en su emblema
con el sol azteca. El logotipo del PRI
consiste en las iniciales del partido sobrepuestas en la bandera nacional (los
colores verde, blanco y rojo están reservados para el uso exclusivo del PRI) y
aparece ubícuamente en paredes, pancartas y banderines en todo el país.
México
es también el único país que establece un periodo de espera de diez días entre
las elecciones y el anuncio oficial de resultados. Este retraso se ha utilizado tradicionalmente para modificar los
resultados negativos, como se comprobó de manera dramática en las elecciones de
1988. La prohibición de candidaturas
independientes asegura un mayor control de las urnas, y se prohibe a los
partidos nombrar candidatos de otros partidos (este último para evitar una
repetición del éxito que en 1988 tuvo el Frente Democrático Nacional de
Cuauhtémoc Cárdenas).
Las elecciones de mediados de
sexenio de 1991
"El
responsable del escandaloso fraude electoral de 1991 es Carlos Salinas."
Luis H. Alvarez
Presidente
del
Partido
de Acción Nacional (PAN)
La Jornada
9 de septiembre de 1991
Como
se dijo anteriormente, el presidente y el PRI mantienen una mayoría de 13 a 8
en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Tanto las condiciones como los resultados de
las elecciones de mitad del sexenio que se llevaron a cabo en julio y agosto
reflejaron esta composición desequilibrada.
Durante la campaña, el Instituto Federal Electoral:
- detuvo
la entrega de credenciales de elector en aquellas localidades que se sabía
favorecían a la oposición (estas áreas fueron previamente identificadas por
medio de encuestas que levantó el PRI casa por casa);
- retrasó
la publicación del padrón de electores más allá de las fechas obligatorias,
haciendo prácticamente imposible su verificación;
- concedió
al partido en el gobierno el uso exclusivo de los colores nacionales y autorizó
el uso de un logotipo con los mismos colores verde, blanco y rojo para el
Programa Nacional de Solidaridad que el gobierno lleva a cabo con subsidios y
donaciones para las clases marginadas;
- impidió
que los ciudadanos mexicanos que residen en Estados Unidos y otros países
votaran, dada su aparente simpatía por la oposición;
- permitió
al partido en el poder tener el monopolio casi exclusivo del tiempo de
televisión y radio. Televisa, por
ejemplo, cotizó su tiempo para publicidad política en horas pico entre 77,000 y
107,000 dólares por minuto, precio suficientemente alto para dejar fuera
de la televisión nacional a todos los partidos, a excepción del PRI.
Durante
los comicios de mediados de sexenio celebrados en 1991, el control
gubernamental en los días de elecciones fue muy ceñido en todos los estados
menos Baja California. Era típico
encontrar casillas administradas exclusivamente por miembros del partido
oficial. Los relatos sobre el fraude
electoral del PRI que hizo la prensa extranjera se refirieron casi exclusivamente
al estado de Guanajuato, pero la manipulación de casillas fue amplia en todo el
país.
Un
estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el padrón electoral
reveló que el número de votantes registrados en San Luis Potosí disminuyó desde
casi 90 por ciento de residentes con derecho a voto hasta 76 por ciento el
pasado mes de agosto. Sólo en este estado se privó a más de un cuarto de millón
de ciudadanos mexicanos de su derecho al voto (La Nación, 23 de
septiembre de 1991).
La elección
"transparente"
Las
elecciones federales y estatales que se llevaron a cabo en el estado fronterizo
de Nuevo León el pasado mes de julio se consideraron las más transparentes y
menos fraudulentas de que se tiene memoria.
Los relatos de la prensa extranjera y hasta los informes noticiosos
mexicanos alabaron al gobierno de Salinas por "permitir" lo que
parecía elecciones libres y justas. Sin
embargo, en una inspección de 20 casillas que se realizó en el área
metropolitana de Monterrey (capital del estado), los observadores extranjeros
encontraron un gran número de irregularidades.
En
todos los casos el presidente y secretario de casilla pertenecían al PRI. Una de cada tres casillas visitadas resultó
estar en la casa de un miembro del PRI.
Posteriormente, al examinar los dos volúmenes de los resultados
oficiales de las elecciones para gobernador y diputados estatales en Nuevo
León, se encontraron evidencias de fraude sistemático.
En
la carrera por la gubernatura, por ejemplo, hubo 123 casillas donde el número
de votos emitidos excedía el total de personas registradas en el padrón. En 63 de estas casillas se hizo un esfuerzo
por equilibrar el desmedido entusiasmo de los funcionarios de casilla, anulando
el número suficiente de boletas para que la suma final estuviera por debajo del
padrón. En otras 43, generalmente
dentro de localidades urbanas donde el Partido de Acción Nacional (PAN) es
fuerte, se hicieron anulaciones masivas (a veces más del 50 por ciento) de
boletas, lo que a menudo favoreció al PRI.
En
las áreas rurales, fuertemente golpeadas por las políticas gubernamentales de
reducción en los precios de los productos agrícolas, el PRI pretendió conseguir
un increíble 100 por ciento de los votos en veintenas de localidades, a menudo
con pretensiones igualmente fantásticos de un abstencionismo casi nulo. De hecho, como se ejemplifica en la gráfica
siguiente, en las áreas rurales de Nuevo León las casillas en donde el PRI
pretendió ganar el 100 por ciento del voto fueron las más frecuentes, seguidas
por aquellas localidades donde el PRI reclamó haber obtenido el 99 por ciento
de los votos, después el 98 por ciento, etcétera.
La
gráfica a que nos referimos indica la distribución por frecuencia de 277
casillas en cuatro distritos rurales de Nuevo León. Nótese que ninguna de las casillas de la muestra reportó
resultados menores de 64 por ciento del voto a favor del PRI, mientras que en
62 casillas se reportó 100 por ciento de apoyo hacia el partido en el poder.
ELECCIONES
PARA LA GUBERNATURA DE NUEVO LEON
Julio de 1991
______________________________________________________
Casillas
______________________________________________________
Porciento de votos a favor del PRI
[Editor: See Annex # 1 for data
series]
En
otros estados los resultados fueron semejantes. En la contienda por la gubernatura de Guanajuato, el PAN encontró
506 casillas (de las 3000 examinadas) donde el número de votos emitidos excedía
al total de electores empadronados, y otras 597 casillas con aplanadora total (cero
votos para la oposición) o casi total (uno a cinco votos para la
oposición). En las elecciones de
gobernador en San Luis Potosí, se impidió el acceso de observadores de la
oposición a casi la mitad de las casillas, lo que hizo imposible un recuento paralelo
confiable.
Durante
su visita a Washington el 1 de noviembre de 1991, Sergio Aguayo de la Academia
Mexicana de Derechos Humanos dijo que no existían en San Luis Potosí
condiciones para celebrar unas elecciones libres y justas:
"En primer lugar, los medios
locales de difusión se inclinaron totalmente a favor del candidato del
PRI. En segundo, existió una enorme
desproporción en cuanto a los recursos económicos de que dispusieron los
candidatos del PRI y los de la oposición.
Tercero, el padrón electoral fue defectuoso y funcionó en contra de la
oposición. El día de las elecciones
encontramos irregularidades en el 54 por ciento de las casillas... Con la evidencia que obtuvimos nos fue
imposible determinar quién ganó. Lo
único seguro es que no se trató de elecciones libres y justas."
En
el pasado reciente, violaciones electorales como las anteriores provocaron que
en dos ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA haya
decretado que México está violando las disposiciones de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. En el otoño de
1990 la comisión recordó a México su obligación de proporcionar medios
efectivos para asegurar el sufragio efectivo y amparar a los ciudadanos en contra
del fraude. En la primavera de 1991, antes de que tuvieran lugar las elecciones
manchadas de mitad de sexenio, la comisión determinó que la ley electoral (la
famosa "ley fraude") de Nuevo León -similar en esencia a la
legislación federal - no asegura la independencia de las autoridades electorales.
Los
resultados oficiales de las elecciones del verano de 1991 reflejaron tanto los
desequilibrios de recursos entre el PRI y la oposición en las contiendas, como
el dominio total que ejerce el partido gobernante sobre el sistema electoral. El PRI obtuvo 290 de los 300 asientos de
elección directa en la Cámara de Diputados; ganó 31 de las 32 contiendas
senatoriales; los 40 lugares de elección directa en la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal, y los 7 gubernaturas. Aunque el presidente Salinas pidió a los
"gobernadores electos" de Guanajuato y San Luis Potosí que
"renunciaran" por el bien del país, no se ha mostrado dispuesto a
reconocer que las elecciones fueron fraudulentas.
Los
resultados son aún más sorprendentes si se toma en cuenta que la única
senaduría y tres de los diez distritos de diputación que ganó la oposición se
localizan en Baja California (y seis diputaciones más en otras localidades ya
gobernados por el PAN). El único estado que no está bajo el control del PRI (el
cargo de gobernador y las diputaciones estatales fueron arrasadas por el PAN en
1989), es también la única entidad federativa donde el PRI no pretendió haber
triunfado en 1991. Esto ilustra un
punto importante: sin el acceso exclusivo a los fondos, el patrocinio y el
control de los medios del estado, el PRI es vulnerable a la derrota.
En
un testimonio emitido en octubre de 1991 ante el Subcomité de Asuntos del
Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores, Douglas Payne de la
Freedom House de Nueva York estableció el vínculo entre la protección a los
derechos humanos y una ampliación de la democracia en términos concisos:
"El meollo del problema
electoral sigue siendo la falta de separación entre el PRI y el estado, y los
desequilibrios estructurales que de esto se desprenden. En su discurso de
septiembre de 1990 ante la Asamblea Nacional del PRI, Salinas proclamó que el
gobierno y el partido seguirían siendo uno sólo y el mismo, realidad que se
hizo evidente mediante las elecciones de 1991. Salinas es un político hábil,
tanto en su país como en el exterior, y sus logros económicos son
considerables. Sin embargo, si México
quiere convertirse en un estado moderno y democrático, deberá ir más allá de
las concesiones tácticas para el establecimiento de las condiciones que
permitan una genunina política multipartidista".
El
control de las autoridades electorales es la clave para la preservación del
gobierno unipartidista. Es por ello que
ni el presidente Salinas ni el PRI se han mostrado dispuestos a considerar una
reforma política que dé lugar a la creación de comisiones electorales
verdaderamente independientes, tal como lo demanda la oposición democrática de
México, y como ya es realidad en casi todos los demás paises del hemisferio. Es también por ello que el gobierno de
Salinas ha desechado toda posibilidad de invitar a equipos de observadores de
las Naciones Unidas o de la OEA, práctica ya rutinaria a travé de las
Américas. Si las elecciones de México fueran
tan transparentes como insiste su gobierno, no habría nada que esconder.
Encuestas de opinión
distorsionadas
A
pesar de la abundante evidencia del fraude en las elecciones federales de 1991,
el gobierno mexicano y sus simpatizantes en Estados Unidos señalan que las
encuestas de opinión comprueban que los resultados oficiales se apegan a las
preferencias del público. Tales encuestas demostraron que el PRI contaba con un
apoyo de entre el 60 y el 65 por ciento, en comparación con el 62 por ciento
que obtuvo según resultados oficiales.
Es
bien sabido, sin embargo, que las encuestas de opinión que se llevan a cabo en
los países con un régimen unipartidista se inclinan fuertemente a favor del
partido en el gobierno. No importa qué
tan bien diseñadas estén y qué tan bien se lleven a cabo, es inevitable que los
resultados de las encuestas estén distorsionados si una buena parte de la
población no esta dipuesta (o no puede) responder a las preguntas sobre sus
preferencias políticas de manera directa y sin temor a represalias.
La
contienda senatorial que se llevó a cabo en 1990 en Carolina del Norte, donde
se postulaba al demócrata Harvey Gantt, contendiente negro, contra el
republicano Jesse Helms, es un buen ejemplo de lo anterior. Unos electores se autodescribieron
"indecisos" para ocultar sus prejuicios raciales ya fuera de
moda. Aunque la mayoría de los
entrevistados fueron directos en su respuesta, la pequeña proporción que no lo
fue resultó suficiente para sugerir una aventaja para Gantt que no era
cierto. El mismo fenómeno ha provocado
que los encuestadores subestimen una y otra vez la fuerza de David Duke,
exdirigente del Klu Klux Klan, en Luisiana.
En
los sistemas no pluralistas o en aquellas sociedades donde la polarización
política es más aguda que en los estados sureños de los Estados Unidos, existen
todavía más razones de peso para ocultar las preferencias políticas. Si un partido está bien afianzado y controla
gran parte de la economía y de la sociedad, los simpatizantes de la oposición
tendrán razón en preocuparse de que unas declaraciones francas sobre sus
preferencias les pueda acarrear represalias si estan detectados por el
gobierno. Un entrevistador podría
fingirse independiente mientras que de hecho trabaja para un cacique o charro
del PRI o para la Secretaría de Gobernación.
Entre
las diversas formas de represalia oficial en un país como México se encuentran:
la pérdida de apoyo gubernamental para una empresa privada; la revocación de la
licencia para operar un taxi; la cancelación o amparo en contra de un decreto
de reforma agraria; la negación de títulos de propiedad en asentamientos
urbanos espontáneos; la invalidación de los "tortibonos" con los
cuales las familias pobres obtienen tortillas gratis; el rechazo de una
solicitud de subsidio del Pronasol para el desarrollo comunitario; y en casos
extremos, la encarcelación bajo cargos falsos, que a menudo implica tortura e
incluso la muerte a manos de la policía. Preocupaciones similares en Nicaragua
produjeron distorsiones severas en los resultados de las encuestas de opinión
que se llevaron a cabo antes de las elecciones presidenciales de 1990, cuando
encuestadores confiables predijeron una victoria segura para el presidente
Daniel Ortega, mientras que de hecho la opinión pública apoyaba a su
contendiente Violeta Barrios de Chamorro.
El
mismo fenómeno es común en México.
Entre los habitantes de la Ciudad de México que estuvieron dispuestos a
expresar sus preferencias durante la campaña presidencial de 1988, el 41 por
ciento favoreció a Salinas (PRI), otro 41 por ciento a Cárdenas (FDN), y 17 por
ciento a Clouthier (PAN). No obstante,
Salinas obtuvo sólo el 27 por ciento del voto, contra el 49 por ciento para
Cárdenas y 22 a favor de Clouthier (es posible efectuar esta comparación puesto
que los comicios celebrados en el Distrito Federal en 1988 estuvieron
relativamente libres de fraude). Por lo
tanto, es posible inferir, aunque con cautela, que el sesgo que provocó el
temor a la detección fue de aproximadamente 13 a 15 por ciento a favor del PRI.
Antes
de las elecciones de diputados estatales en Michoacán del 2 de julio de 1989,
otra encuesta de La Jornada demostró que el PRI llevaba una clara
delantera en el estado de Cuauhtémoc Cárdenas. De los entrevistados dipuestos a
expresar su preferencia por alguno de los tres partidos principales, 49 por
ciento favorecía al PRI, 39 por ciento estaba a favor ya sea del PRD de
Cárdenas o (por confusión) del mal llamado Frente Cardenista, y 12 por ciento
apoyaba al PAN. Según los resultados
reales que se sustentan con copias de las actas de escrutinio que la oposición
hizo públicos (en contraposición a los resultados alterados que publicó la
comisión electoral estatal), el PRD obtuvo 55 por ciento del voto contra 37 por
ciento a favor del PRI y 8 para el PAN, lo que refleja un sesgo en contra del
PRD de aproximadamente 16 por ciento.
Debe notarse que el temor a la persecución por parte de los
simpatizadores del PRD fue muy real.
Durante las últimas semanas de la campaña, el gobierno apostó al
ejército (con los fusiles listo para diparar) a lo largo de todo el estado.
El
gobierno mexicano no se deja engañar por las encuestas de opinión. Está bien consciente de los sesgos que se
producen y los utiliza en ventaja propia inflando los totales de votación a
favor de PRI para que se aproximen a estos sesgos. Aquí yace la explicación a la aparente paradoja de que los
resultados de las votaciones se ajusten a los de las encuestas de opinión que
se levantan antes de las elecciones, a pesar de la evidencia de un fraude
masivo, y de la negación absoluta del gobierno a abrir sus registros
electorales al escrutinio nacional e internacional.
Control e intimidación de los
medios masivos
Los
miembros de los medios impresos, de radio y televisión sufren cotidianamente
las mismas presiones que obligan a los mexicanos a contestar con falsedad las
encuestas de opinión. En México, los
medios masivos están controlados de manera todavía más sutil e ingeniosa que
las instituciones políticas, demostrando con ello la complejidad de la
estrategia de desinformación y manipulación que se utiliza para mantener una
"dictadura perfecta".
En
sentido formal, en México existe la libertad de prensa, especialmente en
comparación con otros países de América Latina, Africa y Asia. Patrick Oster escribió en The Mexicans: a
personal portrait of a people (Los mexicanos: el retrato de un pueblo) que:
"En México el verdadero problema no es la libertad de prensa, sino la
libertad de información, que no existe...
No hay una tradición del derecho a saber que tiene el público".
La
mayoría de los periódicos mexicanos reciben subsidios a través de la publicidad
gubernamental; y los periodistas mal pagados se ven obligados a aceptar
sobornos (conocidos como "sobres", por la forma en que se les entrega
el dinero en efectivo) para mantener buenas relaciones con los funcionarios del
gobierno y, en muchos casos, sencillamente para ganarse un sueldo. Los periodistas por lo regular incluyen en
sus relatos propaganda oficial, y los editores publican de manera rutinaria
artículos que les envía el gobierno como si fueran de la propia autoría del
periódico. Estos últimos, conocidos
como "gacetillas", no se distinguen en nada de los demás informes
noticiosos.
Los
periódicos que se niegan a seguirle el juego al gobierno se ven sujetos al
retiro de la publicidad de las agencias que controla el estado, como en el caso
de El Porvenir de Monterrey; o a ofertas hostiles para comprar la
empresa orquestadas por la Secretaría de Gobernación, como en el caso de Uno
Más Uno, cuyo antiguo editor fue forzado al exilio en España. En los casos más extremos, los periodistas
son víctima de amenazas, intimidación e incluso el asesinato -que en México se
conoce como "la última censura"- si hacen reportajes que molestan a
las autoridades, como por ejemplo sobre corrupción, violaciones de derechos
humanos, y tolerancia oficial de actividades de producción y tráfico de drogas.
Paradójicamente,
aunque en su mayoría la televisión se encuentra formalmente en manos privadas,
este medio está todavía más controlado por el gobierno. Una sola empresa, Televisa, mantiene tanto
el monopolio de la televisión privada, como una cálida relación con el
gobierno. El propietario de Televisa,
Emilio Azcárraga, el hombre más rico de México, orgullosamente se describe a sí
mismo como priísta. En correspondencia,
el gobierno sostiene su monopolio y le otorga subsidios directos como el
satélite Morelos de telecomunicaciones, o indirectos a través de la publicidad
de las empresas que el estado controla.
Según
la Federación de Periodistas Latinoamericanos, 460 periodistas fueron
asesinados en la región a lo largo de las dos últimas décadas. Hasta junio de 1991, Colombia encabezaba la
lista con 56 homicidos relacionados con el tráfico de drogas; pero México le
seguía de cerca con 55 asesinatos, a los que ya ha añadido varios más. A continuación se exponen algunos ejemplos
de asesinatos y actos de intimidación que se perpetraron durante los meses
anteriores a las elecciones federales de 1991:
3 de julio de 1991: El médico y columnista político
Víctor Manuel Oropeza (Diario de Juárez, Diario de Chihuahua) fue
apuñalado en su consultorio de ciudad Juárez, Chihuahua. Sus asaltantes ni siquiera tocaron 2,000
dólares en efectivo que había en su oficina en ese momento, ni ningún otro
objeto de valor. Oropeza fue una de las
tres personas que en 1986 se declararon en huelga de hambre para protestar el
robo electoral de la gubernatura que sufrió Luis Alvarez (quien también
participó en la huelga de hambre y es actualmente presidente del PAN). Oropeza fue un crítico tenaz del gobierno
"ilegítimo" del estado y de la Policía Judicial Federal, y estaba
pensando iniciar una nueva huelga de hambre por el fraude en la preparación de
las elecciones federales de 1991 (Proceso 766: 12-15).
La
oficina del Procurador General despachó a un enviado especial a Chihuahua para
hacerse cargo del caso; pero en lugar de intentar capturar a los asesinos, el
enviado se afanó en describir a la víctima como homosexual, acusándolo
posteriormente de vender sustancias psicotrópicas. Cuando ninguna de las acusaciones surtió el efecto esperado, hizo
torturar a dos individuos para que se confesaran culpables de haber asesinado a
Oropeza durante un intento de asalto.
Más adelante, los acusados negaron sus confesiones y describieron ante
grupos de derechos humanos las torturas a que fueron sometidos. El propio asesor en derechos humanos del
procurador general acudió al lugar e informó que todo el proceso resultaba
"ridículo... lo que vimos fue una vez más la fabricación de culpas por
medio de la tortura" (Proceso 768: 24‑ 27).
5 de julio de 1991: El columnista político de la
revista Proceso, Francisco Ortiz Pinchetti, encargado de cubrir las
elecciones, fue secuestrado, golpeado y robado por policías de la Secretaría de
Protección y Vialidad del Distrito Federal (Proceso 766: 12-13; 768:33).
10 de julio de 1991:
Raúl Cremoux, editorialista del diario Excelsior, fue secuestrado
por seis hombres armados que viajaban en dos automóviles (aparentemente
policías vestidos de civil), quienes lo amenazaron a él y a su familia,
mientras lo mantenían engatillado, y le advirtieron que jamas volviera a
escribir críticas sobre el presidente Salinas.
Este asalto brutal se produjo después de que Cremoux escribió un
artículo en que especulaba que el presidente Salinas intentaría enmendar la
Constitución para mantenerse en el poder (Proceso 768:32-34; 771:26-31).
12 de junio de 1991: La reportera de sociales Manú
Dornbierer de Excelsior publicó una columna en que declaraba que los
hermanos del presidente, Raúl y Enrique Salinas habían obtenido o estaban por
obtener el 50 por ciento de la concesión del Hipódromo de las Américas para los
próximos 25 años (tanto el presidente como sus hermanos son ávidos
caballistas). Después de una furiosa
reacción del procurador general Ignacio Morales Lechuga, Excelsior
canceló la columna "La gente", de Dornbierer, y se negó a publicar su
réplica al procurador, obligándola a abandonar el periodismo durante el resto
del sexenio de Carlos Salinas (Proceso 769:23-25; El Porvenir, 31
de julio de 1991).
7 de marzo de 1991: El periodista yucateco Rafael
Loret de Mola fue llamado al Distrito Federal por el secretario de gobernación
Fernando Gutiérrez Barrios, quien le proporcionó un boleto de avión y 12 mil
dólares, instándolo a salir del país por tres meses. Loret se había atrevido a
cuestionar la constitucionalidad del despido del gobernador Víctor Manzanilla
tras haber reconocido la victoria del PAN en la contienda por la presidencia
municipal de Mérida (Proceso 771:28-29).
Derechos humanos
A
falta de un mandato popular que sea el resultado de elecciones libres y justas,
el régimen del PRI se mantiene en el poder valiéndose de una combinación de
subsidios a las clases marginadas, favoritismo a empresas claves, la persuación
sutil y el soborno, y la fuerza. El que
ésta se utilice sólo como un último recurso contra aquellos cuya conformidad no
puede comprarse, sólo aumenta su eficacia.
El patrón de violencia oficialmente permitido es lo suficientemente
selectivo como para servir de advertencia a los demás.
Un
comentario que apareció en el Uno Más Uno del 29 de marzo de 1989
resumía de la siguiente manera la situación prevaleciente en México con
respecto a los actos de ilegalidad perpetrados por funcionarios del gobierno:
"Un buen número de mexicanos
saben bien lo que es ser ultrajado, maltratado, detenido, chantajeado,
torturado e incluso asesinado por agentes que representan al aparato coercitivo
del estado o por funcionarios altos y menores de los tribunales... La sospecha
en contra de toda forma de autoridad ha sido casi endémica y automática para
los mexicanos, pero lo que ha sucedido durante los últimos años... parece estar
acercándose a una grave crisis."
El
partido político que más directamente ha desafiado la legitimidad del régimen
ha sido víctima de la peor represión.
Más de un centenar de miembros del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) de centro izquierda, han sido asesinados por fuerzas de seguridad,
escuadrones de pistoleros y miembros del PRI desde las elecciones
presidenciales de 1988 (véase lista completa en Tres años de represión
política en México, Comisión de Derechos Humanos del PRD, julio de
1991). Los presidentes municipales del
PRD han sido balaceados, detenidos bajo cargos falsos de tráfico de drogas y
terrorismo, torturados y encarcelados.
Uno
de estos casos fue la detención, en mayo de 1990, de Salomón Mendoza,
presidende municipal de Aguililla, Michoacán, quien fue aprehendido cuando
presentó una queja contra la Policía Judicial Federal (PJF) por violación a los
derechos humanos en su comunidad. Mientras agentes antinarcóticos de la PJF
depositaban drogas en su casa, Mendoza fue torturado para obligarlo a
confesarse culpable de estar involucrado en el tráfico de drogas, y
posteriormente enviado a un reclusorio en la ciudad de México. Leonel Godoy, diputado del PRD que intentó
obtener su libertad fue secuestrado por elementos de la PJF que le amenazaron
de muerte y le robaron los documentos del caso.
El
presidente municipal Mendoza fue puesto en libertad en diciembre de 1990, pero
sólo después de que una prolongada campaña internacional en su favor lo
convirtió en un descrédito para el gobierno.
No fue sino hasta que Amnistía Internacional y Americas Watch publicaron
agudas críticas sobre la violación de los derechos humanos, que el gobierno por
fin arrestó a un jefe de fuerza de tarea de la PJF y a una docena de
agentes. Sin embargo, no se ha hecho
una investigación seria sobre el secuestro del diputado Godoy, y ninguno de los
altos funcionarios que ocultaron la responsabilidad gubernamental han sido
acusado. Los "autores
intelectuales" de los delitos, eufemismo que emplean los medios noticiosos
en México cuando se refieren a altos funcionarios, continúan en libertad y no
temen ser procesados.
Los
dirigentes laborales independientes han sido igualmente víctimas de la
represión. En diciembre de 1989, los
trabajadores de la planta Ford en Cuautitlán, Estado de México, empezaron a
hacer paros laborales en demanda de su derecho a un sindicato democrático y
para exigir el pago del reparto de utilidades y otras prestaciones que les
habían sido retenidas y a las cuales tenían derecho. El 8 de enero, pistoleros contratados por la Confederación de
Trabajadores Mexicanos (CTM) de afiliación priísta, entraron a la planta y
dispararon contra los trabajadores, matando a uno e hiriendo a ocho más. En respuesta a este ataque, los trabajadores
ocuparon la planta hasta que fueron desalojados por un cuerpo de mil policías
del estado. Americas Watch informó en
septiembre de 1991 (véase Unceasing abuses -Continúan las violaciones-,
p. 27) que "no parece estar próxima una investigación a fondo de la
violencia ejercida en contra de los trabajadores de la Ford".
Cualquiera
en México que intente defender los derechos humanos de otros está en
peligro. Un ejemplo destacado de esto
es el de Norma Corona, presidenta de la Comisión para la Defensa de los
Derechos Humanos en Sinaloa. Después de
hacer pública la evidencia de que la policía federal había asesinado a un
abogado y a tres estudiantes venezolanos, empezó a recibir amenazas de
muerte. El 21 de mayo de 1990 fue
asesinada al estilo escuadrón de la muerte y no fue sino hasta septiembre de
1991, después de más de un año de presión por parte de grupos internacionales
de derechos humanos, que el comandante de la policía federal de Sinaloa fue
arrestado. Sus superiores, responsable de ocultar el hecho de que Corona fue
asesinada por la policía federal permanecen impunes.
De
hecho, la impunidad por violación contra los derechos humanos se encuentra tan
institucionalizada en México como las prácticas de asesinato selectivo y de
tortura generalizada que sustenta.
Según Aministía Internacional (Mexico: Torture With Impunity,
México: tortura con impunidad, septiembre de 1991):
"A pesar de la prohibición
pública de la tortura por parte del gobierno... casi cualquier detenido corre
riesgo. La tortura sigue siendo un mal
endémico en México. Aministía
Internacional cree que el principal motivo de esto es la casi absoluta
impunidad de que gozan los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que
por lo general actuán fuera de ésta sin temor al castigo."
En
ninguna parte es esta impunidad más aguda que entre los altos funcionarios responsables
de poner en práctica las políticas de derechos humanos. En lugar de procesar o cuando menos retirar
del cargo al procurador de justicia Enrique Alvarez y al subprocurador Javier
Coello, cuyas responsabilidades por prácticas de tortura y asesinato ejercidas
por la policía federal se encuentra ampliamente comprobada por las
organizaciones mexicanas e internacionales de derechos humanos, el presidente
Salinas los transfirió a otros puestos lucrativos. En la primavera de 1991 nombró a Enrique Alvarez director del
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y en el otoño de 1990
promovió al subprocurador Javier Coello a un puesto a nivel de gabinete,
nombrándolo Procurador de Defensa del Consumidor. Coello, quien se volvió tristemente célebre por sus tácticas
policiacas para controlar el problema de la inflación, fue invitado a renunciar
en octubre de 1991; pero sólo después de que la oposición interna y las quejas
presentadas por grupos internacionales de derechos humanos lo convirtieron en
una carga política.
Mientras
Coello renunciaba a su cargo, surgió otro ejemplo de violencia auspiciada por
el estado que ilustra la extrema dificultad para que se produzca una reforma
bajo el mandato del PRI. En el estado
de Veracruz, un cacique local del PRI abusó de su autoridad. A lo largo de dos décadas de mantener el
orden en su feudo rural, Toribio "El Toro" Gargallo asesinó a docenas
de dirigentes sindicales y campesinos, acumulando una propiedad de miles de
hectáreas con la conformidad del gobierno.
Sin embargo, el 9 de agosto de 1991 cometió el error de arreglar el
asesinato de un candidato del PRI a la presidencia municipal. A pesar de sus promesas de reforma, el
gobierno respondió con lo mismo, demostrando que lo que en México se conoce como
justicia tiene poco que ver con la ley.
El 10 de octubre, 40 policías emboscaron a Gargallo y a sus cuatro
guardaespaldas en una curva oculta de una carretera federal. Los cinco fueron primero rociados con balas
de armas automáticas y después recibieron tiros de gracia en la cabeza (Washington
Post, 25 de octubre de 1991).
La
persistencia de violaciones mayores contra los derechos humanos que se llevan a
cabo con absoluta impunidad está íntimamente relacionada con la falta de
responsabilidad democrática que prevalece en México. En tanto a los mexicanos se les impida ejercer un juicio sobre
sus gobernantes por medio de elecciones libres y justas, estas violaciones -por
no mencionar una corrupción más generalizada- seguirán siendo endémicas. Al comentar sobre el aumento en el nivel de
violencia en el estado de Chiápas, el obispo Samuel Ruiz señaló "las
anomalías" que tuvieron lugar durante los comicios del 18 de agosto de
1991. El fraude electoral, dijo,
transformó la "euforia del pueblo" en una "gran decepción"
que culminó en manifestaciones masivas (La Jornada, 13 de septiembre de
1991). El obispo declaró:
"Dos hechos apuntan hacia el
atemorizante aumento de la represión gubernamental. En primer lugar, la gente está cada vez más consciente de sus
derechos y de su responsabilidad histórica; en segundo, existe cada vez mayor
urgencia dentro del gobierno por mantener el control."
A
continuación se hace un análisis del éxito económico de México comparándolo con
su costo menos visible -la adquisición de nuevas deudas y una mayor dependencia
del apoyo financiero del exterior. Ante los graves problemas que enfrenta
México en torno a los derechos humanos y el fraude electoral, Washington, como
banquero y principal defensor del gobierno de Salinas, comparte la
responsabilidad moral por los actos de violencia y fraude político perpetrados
en contra del pueblo de México. Pero
Washington tiene también una importante responsabilidad moral en lo interno,
hacia los trabajadores y los contribuyentes estadunidenses cuyos impuestos
actuales y futuros son la base de los préstamos y los créditos para la
exportación que sostienen al gobierno corrupto de México. Con el TLC los trabajadores y las empresas
estadunidenses serán instados a competir en materia comercial con una nación
que ya están subsidiando.
II. EL
"MILAGRO ECONOMICO" DE MEXICO
"Las experiencias de Rusia y
México son conclusivas: sin democracia el desarrollo económico no tiene
sentido."
Octavio
Paz
El
otro Mexico, 1972
La
mayoría de los observadores de los medios masivos y de los mercados financieros
estarían de acuerdo en que México tiene un largo camino por recorrer para
alcanzar la democracia y la salvaguarda de los derechos humanos. Según un criterio más convencional, sin
embargo, el régimen de Salinas ha logrado un notable avance económico. El mismo Salinas dice que la reforma
económica necesariamente debe anteceder a la reforma política, y la mayoría de
los observadores e inversionistas extranjeros, poco conscientes de la dura
realidad de vivir bajo un régimen autoritario como el del PRI, parecen
dispuestos a aceptar esta racionalización sin problemas.
No
obstante, la falta de respeto por los derechos humanos básicos tiene
importantes implicaciones económicas para México: ¿Cómo podría desarrollarse
una economía de mercado auténtica bajo las condiciones de corrupción y
ocultamiento que postula un régimen unipartidista?, ¿Pueden tener confianza los
inversionistas y las corporaciones multinacionales en las declaraciones,
políticas económicas y actuación de un régimen que falsifica los resultados
electorales y muestra poco respeto por la ley?, y ¿Cuáles son las perspectivas
de estabilidad para el largo plazo en un país donde la tortura es endémica, el
tráfico de drogas se tolera desde los niveles oficiales más altos, y una de las
profesiones más peligrosas es el periodismo independiente?
Contrariamente
a lo que el presidente Salinas trata de convencer a la opinión internacional,
las reformas políticas y económicas están inextricablemente ligadas. Los individuos a quienes se niega la
posibilidad de elegir libremente a sus dirigentes locales, estales y nacionales
no están en posibilidad de proteger los intereses de una empresa o competir
honestamente en un mercado justo, libres de las desviaciones internas y los
tratos ocultos que han hecho famoso al PRI.
Desde el acceso al crédito y a los servicios gubernamentales, hasta la
subasta de las empresas privatizadas, las relaciones con el PRI son vitales
para hacer negocios en México en la actualidad. La legendaria reputación de corrupción de México es el resultado
directo de las maquinaciones de los miembros del PRI, los intereses comerciales
que éstos favorecen y los sindicatos que controla el estado, cuyo propósito
primordial es mantener los privilegios y las fortunas establecidos. Las alianzas políticas y no la competencia
honesta determinan quienes, dentro de la familia priísta, tienen derecho a
comprar una empresa o a obtener una concesión, situación que se contrapone a un
mercado o una sociedad libre.
México
ha camuflado su régimen autoritario tras supuestas instituciones democráticas,
pero también ha tenido gran éxito en vender una imagen de reforma económica a
los inversionistas extranjeros, apoyándose en el infalible respaldo de la
administración Bush. A través de una
serie de anuncios oportunos y ampliamente publicitados de "reformas"
y cambios en las políticas, el gobierno de Salinas ha convencido a los
inversionistas extranjeros de que México está dejando atrás vicios del pasado e
integrándose de lleno al sistema mundial comercial y financiero. Los ejemplos más recientes de esto incluyen
la venta de los bancos que eran propiedad del estado y la anunciada "reforma"
del sistema agrícola mexicano que se ha quedado rezagado; ambas acciones
parecen importantes, y hasta revolucionarias, pero en términos reales sólo
ofrecen la suficiente estabilidad económica para que el PRI se mantenga en el
poder.
La PRIvatización
Aunque
el arquitecto de la recuperación económica de México tuvo que valerse del
fraude electoral para asumir el poder en 1988, obtuvo el apoyo genuino de los
inversionistas extranjeros -sus verdaderos electores- a través de una agresiva
campaña de mercadeo lanzada en Estados Unidos, Japón y Europa. Los resultados positivos son visibles a
través de las reservas de divisas extranjeras del país (la impresionante suma
de 16 mil millones de dólares hasta agosto de 1991), que reflejan la
disposición de los inversionistas internacionales por exponerse a lo que sólo
dos años antes eran niveles impensables de riesgo monetario y de capital para
invertir en acciones y bonos mexicanos.
A
los inversionistas en Tokio, Nueva York y Londres se les informa que Salinas ha
revertido décadas de corrupción y control centralizado del estado, poniendo a
México en el camino de una economía estable y de libre mercado que no depende
ni de la deuda externa ni de la inflación interna. Si se mostrara el verdadero panorama económico a los
inversionistas, podrían comprobar que la mayoría de las "reformas"
económicas son sólo medidas superficiales cuyo objetivo es atraer nuevos
préstamos e inversión del exterior, mientras que en buena medida evitan las
reformas estructurales económicas y políticas necesarias para que México
marche hacia un desarollo estable y de largo plazo.
El programa de privatización
mexicano, por ejemplo, ha sido ampliamente aclamado como ejemplo de éxito por
los "cientos de empresas estatales" vendidas hasta la fecha. Sin embargo, aun con la privatización de la
banca comercial y de Telmex, más de dos terceras partes de los haberes
comerciales que controlaba el PRI en 1989 siguen en manos del estado,
incluyendo varias de las paraestatales más grandes; esto le cuesta al gobierno
miles de millones de dólares anuales en subsidios. Algunos ejemplos sobresalientes son:
Pemex: que mantiene el monopolio en la
exploración, producción y distribución de petróleo y ejerce el dominio sobre
petroquímicos. En extremo ineficiente según las normas internacionales de la industria
petrolera, Pemex es un deudor mayor en los mercados extranjeros y el vehículo
de financiamiento tradicional del gobierno.
Apenas la mitad de los ingresos de Pemex y virtualmente todas sus
ganancias en dólares ingresan al gobierno central bajo la forma de
"impuestos por extracción de minerales", que a su vez se utilizan
para subsidiar industrias estatales y financiar las importaciones.
Conasupo: controla el monopolio en la
producción, importación y venta al mayoreo y menudeo de alimentos. Aunque se han vendido ciertas operaciones
redituables de la Conasupo, el monopolio sigue consumiendo miles de millones de
dólares anuales en subsidios a la importación y es tristemente famosa por su
corrupción, incluyendo las acusasiones de impropiedad en contra de Raúl
Salinas, hermano mayor del presidente, durante su periodo como funcionario de
Conasupo. Conasupo es la mayor
perdedora de dinero del gobierno mexicano, y tuvo un costo de más de 3 mil
millones de dólares en 1990.
Fertimex: monopolio en la producción y
distribución de químicos agrícolas y fertilizantes, tiene costos de producción
muy superiores a los precios mundiales.
Se invierten cientos de millones anuales en subsidios y es desde hace
tiempo un imán para el peculado y la corrupción.
Comisión Federal de Electricidad: productor y distribuidor
monopólico de electricidad y usuario neto de subsidios, a pesar de que cobra
tarifas más altas que las de empresas similares de Estados Unidos. Los incrementos astronómicos en las tarifas
a usuarios comerciales y domésticos, camufladas como cuotas por servicio y
otros cargos, son una parte "invisible" de la inflación en México.
De
conformidad con la jerarquía social monolítica del PRI, aun aquellas empresas
que son vendidas o "privatizadas" se transfieren a particulares y
grupos aprobados de antemano por el gobierno, de acuerdo a lo que un
exfuncionario del gobierno llama la "PRIvatización". El PRI finge transferir el control visible
de una empresa a "manos privadas", mientras mantiene el control
efectivo de ésta dentro de una alianza con grupos empresariales y laborales
selectos. (Véase "The friends of Carlos Salinas", Los amigos de
Carlos Salinas, Business Week, 22 de julio de 1991 para mayores
detalles).
El
8 de julio de 1991, el economista Roberto Salinas León escribió lo siguiente en
el diario The News, que circula en la ciudad de México:
"La estructura y términos de
la privatización de la banca sugieren que se trata de un ejemplo decepcionante
de `casi privatización'. La ley (sobre
privatización) contiene severas restricciones acerca de la naturaleza de la
propiedad y distribución de las acciones, que en muchos casos ponen en
entredicho el objetivo téorico de la privatización. Los reglamentos permiten al gobierno retener la `rectoría' y el
control total de las acciones y la toma de decisiones en materia
administrativa... ¿Hasta dónde llega esta `rectoría'? De hecho, los bancos están siendo concesionados, y no vendidos,
al público. No existe ninguna garantía confiable de propiedad bajo estas
condiciones de `rectoría del estado'...
El problema principal está vigente en todo el programa de privatización:
una bienvenida reforma económica que no se apoya en un marco jurídico que
asegure mercados y competencia abiertos".
En
términos políticos, las privatizaciones están estructuradas de manera tal que
el PRI mantenga su influencia sobre la economía; pero a nivel práctico su
objetivo primordial es obtener los fondos para financiar el creciente
desequilibrio comercial de México. "Con la privatización, el gobierno sólo
resuelve sus flujos de efectivo para el corto plazo", según José María
Basagoti (Washington Post, 3 de septiembre de 1991). "Pero lo que es peor, sin la
democracia, la privatización no garantiza el éxito económico. Nos enfrentamos a una apertura económica que
se enfrenta al obstáculo de un sistema político que se niega a cambiar".
La venta de México
Conscientes
de problemas estructurales tales como la deuda que aún agobia a México, los
bancos extranjeros, muchos de los cuales se vieron afectados por el deterioro
de la deuda de 1982, no están dispuestos a conceder nuevos préstamos. Sin embargo, muchos se aprestan a suscribir
y colocar acciones y bonos mexicanos en manos de inversionistas institucionales
y privados. Los corredores elogian las
maravillas del "milagro mexicano", o pintan imágenes de reservas
inagotables de petróleo (de hecho no hay estimaciones confiables sobre las
reservas de petróleo verdaderas y "recuperables"). Pero cuando se trata de aceptar ampliaciones
de crédito para México, los principales bancos comerciales y corredores de
bolsa de Londres, Tokio y Nueva York se muestran conspicuamente ausentes del
festín.
Han
proliferado los seminarios y otras demostraciones auspiciadas por las casas de
bolsa y las agencias mexicanas. Los
anuncios de una conferencia de dos días en Nueva York sobre "Inversiones
en valores mexicanos" declaraban que "los inversionistas no vean a
México como cualquier otro mercado del Tercer Mundo, sino como parte vital de
cualquier cartera internacional".
El hecho de que casi todos los panelistas involucrados en la sesión de
dos días se ganaran la vida vendiendo valores mexicanos no afectó, a juicio de
los patrocinadores del seminario, la objetividad de las opiniones emitidas.
"Podemos
vender valores mexicanos", declaró recientemente un banquero de
inversiones londinense. "Pero
nuestra empresa matriz nos prohibe otorgar préstamos al gobierno o las empresas
mexicanas sin una garantía plena. Ni
siquiera nos es posible mantener los bonos que suscribimos en nuestros libros
más allá del final del mes".
Los
bancos ven bien remunerados sus esfuerzos.
Como se informó en el Investment Dealer's Digest del 23 de
septiembre de 1991: "Algunos funcionarios de Goldman (Sachs) se han
jactado últimamente de que el trato (de Telmex) fue la operación más redituable
que hubiera realizado la empresa jamás, al generar de 55 a 60 millones por la
suscripción de cuotas... que representa
dos terceras partes del total de ingresos por este concepto". En el mismo artículo del IDD se
anotaba que la compra de valores de Telmex sumó más de 2 mil millones de
dólares como parte del enorme flujo de la inversión en cartera. Las compras extranjeras de acciones de
Telmex han proporcionado las divisas que el Banco de México requiere con
urgencia. Un artículo que apareció en
el Wall Street Journal del 31 de octubre de 1991 puso al descubierto la
naturaleza volátil de tales flujos de inversión: "Tres cuartas partes del
capital extranjero que ingresó durante la primera mitad de este año provinieron
de inversiones en cartera en lugar de derivarse de inversiones en plantas y
equipo".
A
continuación aparece una lista parcial de las emisiones en crédito y
valores que realizaron empresas estatales y privadas y bancos durante 1991:
Emisor Cantidad Fecha Tipo Plazo Derrama* Suscriptor
Mexico DM 300m febrero bono
Banco Nac DM 100m marzo bono 4 años Swiss
Bank Corp
Pemex $125m febrero bono 3
años +320
Vitro $100m febrero acción
Banco Nac $100m abril billete 2-4 años
Femsa $ 87m abril acciones
Cemex $525m mayo bonos 2-5 años
Telmex $2.2mm mayo acciones Goldman Sachs
Pemex $ 75m mayo bonos Swiss Bank Corp
Tamsa $ 50m julio bonos
Gigante $150m julio acciones
Banobras $100m julio bonos
Tubos de Ac $ 50m julio conv Bankers Trust
Pemex Ecu 100m julio billetes 3 años+240 Paribas
Nytsa(Alpha) $130m julio préstamo
México Pts 10mm agosto bonos 4
años Citi/SBC
Pemex $150m sept. bonos 7 años +245 SBC
Banamex $3.25mm octubre acciones
Grp Carso $288m octubre valores Salomon
DTC (Sidek) $ 25m octubre billetes 2 años
Fist Mex $ 40m octubre bonos 5 años +215 Deutsche Pemex AS
500m octubre bonos 10 años Creditanstalt
Cemex $150m octubre billetes 2-4
años Citicorp
México $150m octubre bonos 7
años +227 S.Montagu
Nafinsa $100m noviembre bonos 10
años +280 Chase
Banco Nac C$60m noviembre billetes 5 años +220 Bankers T
Nafinsa $100m diciembre billetes 5
años Bankers T
*Derrama es el número de puntos base de rendimiento por encima de
bonos
gubernamentales o acciones tipo
AAA comparables dentro del mercado en que se emitieron los valores. De esta manera, la emisión en billetes en
dólares canadienses que hizo el Banco Nacional de Comercio en noviembre llegaron
al mercado con un rendimiento de apenas 2.20 por ciento (220 puntos base) sobre
el rendimiento que pagaron los bonos del gobierno con la misma
madurez.AS=chelines austriacos, C=dólares canadienses, DM=marcos
alemanes,Pts=pesetas españolas.
Fuentes: Bondweek, Financial
Times, International Financing Review.
Por
supuesto, desde un punto de vista superficial, el nuevo acceso de México a los
mercados de capital extranjeros es señal de éxito económico, en particular
porque una parte importante de valores emitidos ha sido adquirida por inversionistas
nacionales. Pero aunque resulta
alentador ver que las empresas mexicanas pueden operar nuevamente en los
mercados financieros globales, los analistas financieros se equivocan al pensar
que el endeudamiento externo es una requisito indispensable para el desarrollo
comercial de una nación. De hecho, al
centrarse sobre un emisor particular o empresa cuando analizan el riesgo sobre
las múltiples emisiones de acciones y bonos que se han realizado desde 1989,
los analistas de Wall Street pasan por alto el problema fundamental: la
dependencia de México de su deuda externa para financiar importaciones y nuevos
prestamos.
La
primera pregunta, y la más importante, que habría que hacerse es cómo
contribuyen los dólares que se obtienen a través de la deuda externa y las
ofertas de valores, a que México financie su déficit en cuenta corriente y
comercial. La respuesta necesariamente
tendría implicaciones serias para el largo plazo, en cuanto al tipo de cambio
del peso en relación al dolar. "El apetito internacional por la deuda
mexicana es aún frágil" publicó el Financial Times el 25 de
octubre. "La demanda podría ser
vulnerable a un sobreabasto potencial de garantías de la deuda mexicana y a
conflictos económicos y políticos".
Sin embargo, una fuente de ingresos del exterior que no desaparecería,
aún en el caso de que hubiera inestabilidad política, la constituyen los
préstamos de gobiernos extranjeros, en particular de Estados Unidos y de
agencias multilaterales tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional.
Préstamos multilaterales
asistencia y subsidios
"Los funcionarios mexicanos
arguyen que se requerirán $7 mil millones de dólares anuales en créditos nuevos
durante el sexenio (de Salinas) para lograr un crecimiento del 5.1 por ciento y
hacer frente a las obligaciones con el exterior. Pero el aumento en la deuda
externa que se ha suscitado durante los últimos 18 años no sólo no ha generado
crecimiento económico, sino que lo ha impedido. Ante la falta de una privatización y liberalización reales de la
economía, los nuevos préstamos del exterior simplemente dan lugar a que el
gobierno posponga las soluciones sin efectuar los cambios internos
necesarios".
Luis
Pazos
Houston
Chronicle
31
de marzo de 1990
Las
estadísticas que emite el gobierno mexicano muestran que la economía está
creciendo después de casi una década de estancamiento e inflación. Los salarios reales decayeron cuando menos
un 50 por ciento entre 1981 y 1990, pero bajo el régimen de Salinas los
salarios ajustados a la inflación continúan descendiendo. Con un aumento en los precios al consumidor
equivalente a cuando menos la tasa oficial de inflación y en algunos casos
bastante más, se debe perdonar a los trabajadores mexicanos si no se
impresionan con los anuncios oficiales de crecimiento renovado y de bajas en la
inflación. "Aproximadamente 45 por
ciento de los trabajadores empleados reciben sólo el salario mínimo",
declaró en el Business Week del 23 de septiembre de 1991 James Cypher de
la Universidad Estatal de California en Fresno. "Bajo el régimen del presidente Salinas el salario mínimo
(real) descendió un 17 por ciento de 1989 a 1990, según datos del Banco de
México".
Aunque
haya incertitud en cuanto la economía mexicana está o no está en proceso de
expansión en términos reales después
de años de dolorosa contracción e hiperinflación, algo que sí está aumentando
nuevamente en México es la deuda externa.
El pacto para la "reducción de la deuda" a que se llegó en
1989 hizo disminuir el endeudamiento del país en más o menos 12 mil millones de
dólares, hasta un total de casi $91 mil millones; pero desde entonces México ha
contraído una nueva deuda de más de 20 mil millones de dolares de fuentes
privadas y agencias multilaterales tales como el Banco Mundial, el FMI y otras
instituciones gubernamentales de crédito y financiamiento a la exportación,
sobrepasando por mucho las estimaciones más liberales de ahorro sobre las
remesas principales realizadas desde el Plan Brady. Más recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo extendió
un préstamo por 250 millones de dólares para "mejorar las exportaciones
mexicanas" -eufemismo utilizado para disfrazar el financiamiento de la
balanza de pagos. El apoyo del BID, sin embargo, es sólo el último de una serie
de préstamos y créditos concedidos desde 1989.
Citemos algunos ejemplos:
Banco Mundial: Durante el año que finalizó en
junio de 1991, tan sólo el Banco Mundial desembolsó 5 mil millones de dólares
por concepto de creditos nuevos para México, además de los 4.2 mil millones con
que había contribuido entre junio de 1989 y junio de 1990. Aunque parezca increíble, México es ahora el
principal deudor del Banco Mundial, tanto en lo que refiere al total de la
deuda pendiente (cerca de 20 mil millones), como a la tasa de aumento de nuevos
préstamos. El Financiero
Internacional del 21 de octubre de 1991 informó que el monopolio estatal
Ferrocarriles Nacionales "está negociando con el Banco Mundial un crédito
por 600 millones de dólares". El 2
de diciembre de 1991 El Financiero Internacional detalló que 1.9 mil
millones de dólares por concepto de nuevos préstamos estaban en proceso de
aprobación. Los críticos de las
políticas del Banco Mundial hacia México sugieren que los créditos cada vez más
amplios se conceden para mantener al corriente el pago de intereses sobre
deudas antiguas (que de hecho jamás se reintegrarán) describiendo los préstamos
que el Banco Mundial ha otorgado a México como un ardid piramidal con
clasificación de credito AAA.
Banco de Exportaciones e
Importaciones:
Desde 1989 el Banco de Exportaciones e Importaciones (EXIM) financió más de 3
mil millones de dólares en exportaciones para América Latina, la tercera parte
de la cual se destinó a México. El EXIM
anunció el otorgamiento de más de 6 mil millones de dólares en garantías de la
deuda a un plazo de 11 años para el sector petrolero de México durante 1991,
aumentando así el crédito que concede esta agencia a México a más del 60 por
ciento de su riesgo total (incluyendo préstamos y garantías). El otorgamiento de garantías se condiciona a
la selección de empresas estadunidenses petroleras y de ingeniería que llevarán
a cabo la perforación de pozos en el Golfo de Campeche. El apoyo del EXIM a
México podría incrementar hasta alcanzar un 80 por ciento del perfil total de
riesgo de esta agencia para el año de 1994, según funcionarios administrativos
que admiten que todas las decisiones de esta agencia en materia de créditos, ya
sea para México u otras naciones, a menudo están influenciadas por presiones
políticas de la Casa Blanca.
Subsidios para la exportación: La corporación de crédito del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene un programa para financiar,
y en algunos casos subsidiar, la exportación por miles de millones de dólares
al año en alimentos y productos agrícolas a México. En marzo de 1991, una auditoría del programa de garantías sobre
préstamos de esta corporación puso al descubierto un sinnúmero de casos de
precios falsos y de documentación irregular en las exportaciones, particularmente
en relación con Iraq y México. En el Resource
Center Bulletin publicado por el Resource Center de Albuquerque, Nuevo
México, se presenta un resumen de las acciones estadunidenses de apoyo:
"En años recientes México ha ocupado el primer lugar entre los usuarios
mundiales de garantías de crédito del Departamento de Agricultura. La
utilización que hizo el país de estas garantías se disparó de 38 millones en
1982 a 1.2 mil millones de dólares en 1988.
Casi 65 por ciento del total de productos agrícolas que México importa
de Estados Unidos está cubierto por estas garantías. En otras palabras, el gobierno estadunidense está utilizando al
Departamento del Tesoro para respaldar el aumento en las importaciones de
alimentos que se adquieren de los exportadores comerciales de Estados
Unidos".
La
ayuda económica de Estados Unidos no sólo aumenta la dependencia que tiene
México de bienes extranjeros, sino que de hecho retrasa el proceso de
reforma. La "privatización"
del sistema comunitario de ejidos recientemente anunciada, una medida política
revolucionaria para México, ejemplifica el problema. Las importaciones subsidiadas de alimentos y las garantías para
los préstamos que otorgan los bancos privados le permiten al gobierno mexicano
darse el lujo de llevar a cabo una consolidación gradual de las pequeñas
granjas que producen granos para el consumo interno. Si continuán los patrones que rigieron en el pasado, los ejidos
serán comprados por grandes empresas que se dedican a la producción de frutas y
verduras para los mercados del norte que son más lucrativos. De hecho, los subsidios que otorga Estados
Unidos aumentan la deuda externa de México, y mientras tanto, el gobierno de
Salinas cosecha ganancias inesperadas en efectivo a corto plazo. Con aumentos
en los precios internos para los consumidores urbanos al mismo tiempo que suma
la cuenta de las importaciones de alimentos a la deuda externa, el gobierno
mexicano gana por ambos lados.
Otra
forma que asume la ayuda de Washington involucra el entrenamiento militar y la
venta de armas estadunidenses. Las
ventas de equipo militar a México han aumentado de manera dramática durante el
régimen de Salinas, ostensiblemente para apoyar al ejército mexicano en el control
del flujo de drogas hacia Estados Unidos.
Sin embargo, ante la falta de una reforma política, los resultados de la
ayuda estadunidense pueden ser distintos a las intenciones.
El
7 de noviembre de 1991 agentes federales rastrearon a una avioneta hasta una
pista clandestina en Veracruz. Resultó
que el campo de aterrizaje estaba custodiado por el ejército. "Había un camión con 8 barriles de
combustible esperando la llegada de la avioneta al campo, que se encontraba
rodeado por más de 100 soldados mexicanos", informó Los Angeles Times
del 20 de noviembre de 1991. "A
pesar de la presencia de los soldados, dos hombres y una mujer escaparon de la
Cessna que transportaba más de 800 libras de cocaína".
Mientras
a los narcotraficantes se les arreglaban para "escapar", los soldados
arrasaron a los agentes federales con una descarga de armas automáticas. "Buena parte de la evidencia,
incluyendo el testimonio de los tres agentes mexicanos que sobrevivieron al
tiroteo, sugería que los soldados habían disparado a sabiendas de que se
trataba de agentes de la policía antinarcóticos", informó el New York
Times el 30 de noviembre de 1991.
"La autopsia practicada a uno de los agentes detectó quemaduras de
pólvora dentro de la boca, mientras que a otros dos les habían disparado por la
espalda y a quemarropa".
De
entrada, el gobierno mexicano describió el incidente como producto de la
"confusión"; pero los informes de prensa sugieren que el ejército
estaba participando en el transporte de drogas. El senador Dennis DeConcini (demócrata por Arizona) hizo una
amplia declaración sobre el particular en el Congressional Record
(Diario de debates) del 26 de noviembre de 1991. Dijo que los agentes mexicanos, "trabajando como miembros de
un equipo especial que coopera con los agentes antinarcóticos de Estados Unidos,
fueron emboscados y asesinados por tropas del ejército mexicano".
DeConcini también declaró: "¿Cómo podría continuar Estados Unidos sus
operaciones contra el narcotráfico sin la firme convicción de que todos los
involucrados, incluyendo las fuerzas armadas mexicanas, colaborarán por el bien
común?"
Con
base en la información disponible, existen razones para poner en duda (1) si el
ejército en realidad ofreció protección a los narcotraficantes (¿de que otra
manera se podría explicar su huída?), y (2) si la liquidación de siete agentes
federales antinarcóticos al estilo de la mafia tuvo el propósito de ocultar que
el ejército (y por lo tanto el gobierno) está directamente involucrado en el
tráfico de drogas.
La
asistencia de Washington también permite a México contraer más deudas con los
mercados privados, en ocasión utilizando el crédito de que goza Estados Unidos
como garantía para los préstamos. Se
dice que Pemex, el monopolio petrolero estatal está presionando a la Comisión
de Bolsa y Valores (SEC) para que le extienda una dispensa que le permita
emitir bonos en Estados Unidos sin presentar la información interna básica y ni
los documentos que por ley se requieren en el caso de otros emisores. Pemex desea utilizar los 6 mil millones de
dólares en garantías de préstamos que ofrece el EXIM Bank para asegurar la
deuda.
El
primer bloque de bonos de Pemex registrados en Estados Unidos podría exceder
los mil millones de dólares, con lo que se convertiría en una de las ofertas de
bonos privados más grande en la historia de ese país. El permitir que Pemex emitiera bonos en el mercado estadunidense
no sólo ayudaría a que la empresa ahorrara fondos por concepto de
financiamiento bancario, se dijo en fuentes mexicanas, sino que le daría un
tremendo empuje dada la publicidad que rodearía a este suceso. (Permitiría también el acceso de México a
los fondos sin la supervisión de los bancos acreedores.) Como se mostró en el
cuadro anterior, tan sólo durante 1991 Pemex emitió bonos por más de 700 mil
millones de dólares, como parte de una nueva deuda de varios miles de millones
que el mercado londinense de eurodólares emitiera a partir de 1989.
Los
flujos masivos de subsidios y asistencia directa, préstamos multilaterales y
otras nuevas deudas incrementan la dependencia del gobierno de Salinas a la
administración Bush. La
"estabilidad" económica y política actual de México es precaria y se
basa en el aumento en los niveles de nuevos préstamos e inversión extranjera
más que en una verdadera apertura al libre mercado. Los empresarios y los encargados de la formulación de políticas
de Washington suponen que la "estabilidad" económica de México es un
hecho, pero para mantener la imagen actual de prosperidad se depende de la
disponibilidad que muestren los inversionistas privados y de las agencias
multilaterales para invertir dinero en México.
Tal vez es por esto que la agencia de crédito Standard & Poors de
Nueva York clasificó la capacidad del gobierno mexicano para pagar el servicio
de su deuda a largo plazo como "apenas adecuada, con mínimas
probabilidades de protección durante circunstancias desfavorables".
El ciclo de auge y quebra
"Mantengo
una actitud abierta en cuanto a México", dijo en 1921 Thomas Lamont, socio
de J.P. Morgan, a Clarence W. Barron, antes de efectuar un viaje para
renegociar la deuda externa de México con el presidente Alvaro Obregón. "Durante siete años los acreedores no
han recibido intereses", dijo Lamont al reportero legendario quien era en
ese entonces presidente de Dow Jones y Compañía, "y pronto agarrarán mi
garganta..."
A
pesar de los importantes cambios en la economía de México a lo largo del
presente siglo, hay ciertos factores determinantes que han permanecido
sustancialmente iguales desde los tiempos inestables de principios de siglo y
de la crisis financiera de los años ochenta.
Entre ellos destaca la dependencia de los gobernantes mexicanos del
crédito externo y de los dólares petroleros para mantenerse en el poder.
Los
ingresos petroleros y el capital extranjero le permiten a México darse el lujo
de tener cada vez mayor dependencia de fuentes externas de alimentos, en las
que era autosuficiente hace 30 años. México anunció recientemente, por ejemplo,
que no necesitará importar frijol, pero sigue siendo un gran consumidor de
granos, arroz, leche y otros productos de consumo importados. Pero la caída en la producción de petroleo y
el aumento en el consumo doméstico de energéticos representan un problema para
un programa económico financiado con los ingresos de la exportación de
petróleo. Los derivados de petróleo
refinado y el gas natural se encuentran, cada vez en mayor medida, entre los
bienes de consumo que se importan, principalmente de Estados Unidos.
En
su informe del 3 de septiembre de 1991, Merril Lynch prevé que las
exportaciones de gas estadunidense a México podrían aumentar a más de 350
millones de pies cúbicos por día para 1995.
Las importaciones de gasolina han aumentado drásticamente, de 20,000
barriles por día en 1989 a más de 60,000 en la actualidad. La importación de productos derivados del
petroleo y gas es necesaria porque la demanda interna crece entre 10 y 15 por
ciento al año, y porque los subsidios a empresas del sector estatal absorben
los dólares que obtienen con las ventas de petróleo. Algo tal vez más alarmante es que las proyecciones de Pemex
indiquen que México dejará de ser un exportador neto de petróleo antes
del año 2000 debido al aumento en la demanda interna de energéticos y a la
falta de inversión para aumentar la capacidad de producción y refinación que se
ha registrado durante los últimos 20 años.
Según fuentes cercanas a Pemex, aun con los proyectos de exploración y
producción financiados por Estados Unidos, México tiene un déficit de miles de
millones en cuanto a la inversión de capital que se requiere para mantener las
exportaciones y producción de energéticos. A pesar de su desarrollo milagroso,
México parece estár destinado a convertirse en importador neto de energéticos
antes del año 2000.
Los
funcionarios gubernamentales y los economistas insisten en que una nueva crisis
de la deuda queda fuera de toda discusión porque los bancos comerciales ya no
están otorgando nuevos préstamos, pero tales apreciaciones pasan por alto el
riesgo que llevan los administradores de divisas particulares e institucionales
que han aceptado las proclamas exageradas de reforma económica sin examinación
crítica, y han invertido miles de millones de dólares en valores mexicanos
durante los últimos años. Como se dijo
antes, el presidente Salinas dejó ver su fragilidad política al derrumbarse
ante la crítica del exterior y solicitar la renuncia a los supuestos
"ganadores" de las gubernaturas de San Luis Potosí y Guanajuato,
admitiendo de manera tácita que en tales contiendas hubo manipulación oficial. "Las renuncias implican que el programa
nacional de Salinas no es invulnerable", declaró el columnista Alberto
Tovar en El Financiero Internacional del 21 de octubre de 1991. "Si México desea pertencer al `club de
los ricos' debe comportarse a la altura, dejando que la paridad del peso frente
al dólar la determinen las fuerzas del libre mercado".
En
la cerradas contiendas por la gubernatura, celebradas en agosto de 1991,
Salinas mostró su disposición a sacrificar cualquier cosa, hasta a miembros de
su propio partido, con tal de mantener su imagen "reformista" ante
los públicos extranjeros, salvaguardando así el acceso al crédito externo que
mantiene al régimen unipartidista mexicano.
Aun suponiendo que Salinas pudiera controlar el desasosiego político
interno, seguiría siendo vulnerable a cambios en las circunstancias económicas
y a las políticas que rigen en el extranjero, y finalmente, a la avasalladora
aritmética del interés compuesto. El
mismo dinero extranjero que ahora sostiene al mandato del PRI podría fácilmente
convertirse en una carga mayor, amenazando la estabilidad que tanto a Salinas
como a México les ha costado tanto trabajo obtener. "Hemos avanzado un
buen trecho desde 1989", apunta el economista Roberto Salinas, "pero
nos aguardan grandes peligros, especialmente por la sobrevaluación del
peso".
El
aumento en la demanda de nuevos préstamos y de inversión extranjera, junto con
el reforzamiento de la moneda frente al dólar forzozamente llevarán a la
economía mexicana a otra "crisis" cuando las ganancias en dólares ya
no sean suficientes para cubrir el servicio de la deuda externa, para mantener
la liquidez frente a la cartera de inversionistas, y para financiar el cada vez
mayor déficit comercial del país. En
realidad, aun suponiendo conservadoramente que la tasa de aumento del déficit
comercial de México se mantuviera constante durante el próximo año, sólo sería
posible cubrir la mitad del costo de las importaciones con las exportaciones de
bienes y servicios, incluyendo las de petróleo. La cantidad restante deberá
financiarse, muy probablemente, a través de nueva deuda externa.
Una frágil estabilidad del peso
Nada
simboliza mejor el éxito del gobierno de Salinas, tanto en lo interno como en
el exterior, que la estabilidad del peso.
En fecha reciente Salinas amplió el plazo para el control de precios y
salarios actualmente en vigencia hasta enero de 1993. La devaluación diaria del peso en relación al dólar disminuyó un
50 por ciento, de 40 a sólo 20 centavos por día; es decir, una tasa anual de
apenas un 2 por ciento. Mientras tanto,
los informes oficiales sobre la inflación muestran que los precios registraron
un aumento promedio de 1.2 por ciento durante octubre, con lo que la inflación
acumulada "oficial" llegó a 13.3 en 1991. Algunas fuentes en México dicen, sin embargo, que la tasa real de
inflación, tanto para los consumidores como para la industria se acerca más a
25-30 por ciento, en particular si se toman en cuenta factores tales como los
cargos altos por servicio propiedad del estado como electricidad y telfonos y
otros costos que no se incluyen en los índices inflacionarios oficiales. "Todo mundo añade unos cuantos puntos
porcentuales a las proyecciones gubernamentales sobre la inflación",
asienta el columnista y comentarista de radio Sergio Sarmiento, "sólo por
si las dudas".
La
combinación de un peso ya sobrevaluado y la decisión gubernamental de
desacelerar la tasa de devaluación, aun cuando hay indicios de un repunte en la
inflación, podría traer problemas en cuanto a la capacidad de México para
cubrir el servicio de la deuda externa y hacer pagos por importaciones. Lo único que salvaría a México de otra ronda
de abandono de la deuda es la buena disposición de los inversionistas privados y
del Banco Mundial de prestar a Salinas cada vez más dinero. Mientras el gobierno mexicano intenta
contener las aspiraciones políticas de una población inquieta, tres factores
actúan en contra de la estabilidad del peso -y por ende de Salinas y el PRI en
el gobierno:
Desequilibrio comercial: el aumento en los números rojos
que registra México es el mejor indicador externo de lo que marcha mal con el
plan económico de Salinas. Desde 1987
la cuenta comercial de México ha pasado de un excedente de 8.4 mil de millones
de dólares a un défict de 5 mil millones el año pasado. Durante de 1991 las importaciones excedieron
a las exportaciones en 11.2 mil millones, lo que implica que el déficit
comercial para 1992 -excluyendo la producción de las maquiladoras- se aproxima
a 12 -15 mil millones de dólares, o mas.
El
déficit del país en cuenta corriente, excluyendo el petróleo, también ha
aumentado dramáticamente hasta lo que los economistas independientes estiman
alcanzará los 20 mil millones de dólares en 1991. Esta cifra excluye la producción de las maquiladoras, que
contribuyen con menos de 10 por ciento del valor de su producción a la economía
local en moneda nacional. Es importante
tener en cuenta que la economia interna absorbe el costo de los subsidios a la
importación y el apoyo a las industrias estatales, y no se ven compensados por
la producción de las maquiladoras.
Conforme se ensancha la brecha comercial de México la pregunta que surge
de manera natural es si el Banco de México podrá continuar proporcionando
dólares sin restricción a los propietarios extranjeros de acciones en pesos a
la tasa actual de aproximadamente 3,000 pesos por dólar. La gráfica que sigue muestra el déficit
comercial real y proyectado de México hasta 1991.
DEFICIT COMERCIAL DE MEXICO
(En miles de millones de dólares)
(See annex # 2 for data)
Fuente: Centro de Investigaciones
Sobre La Libre Empresa
La
naturaleza volátil y altamente especulativa del "excedente de
capital" que actualmente financia el desequilibrio comercial de México,
junto con el valor del peso en relación al dólar, comprometen la capacidad de
México para cubrir el servicio de una deuda que va en aumento. El día en que se produjo el golpe de estado
soviético contra Gorvachov, por ejemplo, salieron de México más de 300 millones
de dólares en inversiones de corto plazo, lo que demuestra que para los
inversionistas el país sigue siendo vulnerable ante cambios repentinos (El
Financiero Internacional, 9 de septiembre de 1991).
Los
asesores económicos de Salinas argumentan con confianza que la sobrevaluación
del peso no representa un obstáculo para las exportaciones, y que México puede
financiar su déficit comercial emitiendo nuevos valores en el extranjero. El profesor Rudiger Dornbusch del
Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, declaró recientemente en el Financial
Times (16 de octubre de 1991) que "Brasil podría aprender de
México" y que los "flujos de inversión directa fácilmente pueden
financiar el pago de intereses y el déficit comercial".
Pero
se trata del mismo tipo de estrategia macroeconómica basado en la deuda que ya
una vez sumió a México en la desesperación.
En 1981, después de que la administración de López Portillo (1976‑
1982) concluyó un sexenio que se caracterizó por una borrachera en el gasto de
ingresos petroleros y dejó una deuda de 80 mil millones de dólares, México se
vio obligado a devaluar el peso y a nacionalizar la banca. En contraposición a lo que los asesores
de Salinas creen, una balanza de pagos positiva es mejor indicador de bienestar
económico que la capacidad de pedir prestado. México debería aprender la lección no de Estados Unidos que es
muy dado a los déficits, sino de naciones exportadoras como Japón e incluso
Brasil. Debe informar a los bancos extranjeros que el pago de la deuda actual
es imposible, debe mantener la competividad de las exportaciones mexicanas via
la indización de la devaluación del peso a cuando menos la tasa de la inflación
interna, y, con un peso que se ajuste libremente en relación al dólar, limitar
el crecimiento monetario y la nueva adquisición de deudas.
El
dinero extranjero permanecerá invertido en acciones y valores mexicanos en
tanto México se muestre capaz de mantener el peso en su nivel actual en
relación al dólar. Como ya se dijo,
Salinas ha desacelerado la devaluación del peso frente al dólar a menos de dos
por ciento anual; esto representa un cambio en la política que problablemente
aumente el défit comercial de Mexico -y la candidad de dinero que debe pedir
prestado del exterior para pagar el servicio de la deuda y las exportaciones. En realidad, desde agosto el peso ha
aumentado en términos reales de ajuste a la inflación a 97.4 según el índice
comercial frente al dólar, en comparación con el 93.9 que registraba en enero
(1987=100). La gráfica siguiente
muestra el aumento del peso frente al dólar en términos reales.
PESO REAL FRENTE AL DOLAR
(1987=100)
(see annex # 3 for data)
Fuente: El Norte, Compañía
Whalen.
Inflación: la estrategia del gobierno de
Salinas para combatir la inflación es muy semejante a su manejo de los problemas
políticos. A través de lo que un gran número de empresarios privados y
analistas conocen como "terrorismo fiscal" o "terrorismo de
precios", Salinas y los funcionarios de su gabinete siguen la política de
eliminar las manifestaciones externas de la inflación en lugar de dirigirse a
sus causas subyacentes. Las empresas
comerciales privadas, el pequeño comercio y las escuelas se han visto forzados,
por ejemplo, a congelar los salarios o a restringirlos a aumentos poco
realistas entre 10 y 20 por ciento, mientras que los precios de los servicios
que controla el gobierno, tales como la electricidad y el gas natural suben por
las nubes debido a aumentos directos o a nuevas "tarifas de usuarios"
que no se toman en cuenta en las estadísticas sobre inflación.
Los
restaurantes y el pequeño comercio se han visto obligados a reducir sus precios
como parte del cumplimiento voluntario del control de precios, a riesgo de que
se les clausuren sus negocios o sean requisados. En fecha reciente, los productores de tortillas se negaron a
entregar su producto a los establecimientos al menudeo tras una disputa sobre
precios que sostuvieron con el gobierno. Los productores están presionando por
obtener un aumento en los precios de casi 35 por ciento -de 750 a 1,000 pesos
por kilo de tortillas- con objeto de recuperarse de los efectos de muchos años
de inflación, pero el gobierno se opone a su petición por considerarla
"inflacionaria".
Después
de la ampliación más reciente del supuestamente "voluntario" pacto
antiinflacionario entre los empresarios y el gobierno, se permitió que los
salarios se incrementaran sólo un 12 por ciento, mientras que los precios de la
gasolina sin plomo aumentaron un 55 por ciento y las tarifas eléctricas
subieron en un 15 por ciento por encima del aumento múltiple que han registrado
desde 1989. Las cuotas de los teléfonos
y otros servicios propiedad del estado se han ido a las nubes debido a
incrementos no tarifarios tales como cargos por servicio, que no se toman en
consideración en las cifras gubernamentales sobre inflación. De esta manera, mientras que el costo
efectivo de un servicio o artículo determinado aumenta de manera dramática, las
estadísticas sobre inflación del gobierno indican que los precios bajan o se
mantienen estables.
El
5 de octubre de 1989, el escritor y analista económico Luis Pazos dijo en el Christian
Science Monitor:
"Los comentaristas
extranjeros cometen un grave error al conceder demasiada importancia a los
pronunciamientos oficiales sobre la inflación.
Los controles de precios no significan su estabilidad. Obligar a los trabajadores mexicanos a
aceptar que se congelen los salarios mientras los precios de los alimentos
aumentan sin freno, no resuelve el problema de la inflación en México. Los controles de precios y divisas ocultan
los aumentos, pero la inflación prevalece y el pueblo de México lo sabe."
La
brutalidad de los controles de salarios y precios, y la restricción monetaria
de corta duración han creado una apariencia de estabilidad en los precios y una
inflación moderada, pero en el horizonte inmediato aparecen señales de
advertencia ya bien conocidas. La
inflación se mantuvo en un 30 por ciento en 1990 (según estadísticas
oficiales), limitando el crecimiento monetario a "sólo" 40 por ciento
para el año pasado; pero empezando en noviembre de 1990 esta tendencia
prometedora se vio revertida cuando el gobierno intentó comprar votos con
dinero fácil y donaciones del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), que
distribuyó alimentos, ropa y otros bienes de consumo durante el periodo
anterior a las elecciones federales de mitad de sexenio.
El
PRONASOL no es sólo un rubro "fuera de presupuesto" del gasto
público, sino una fuga importante de recursos gubernamentales y otra fuente
oculta de inflación. Siendo
esencialmente un plan de asistencia y obras públicas del gobierno dirigido por
el PRI para ganar el apoyo electoral de las clases marginadas, su
financiamiento supuestamente proviene de las acciones de privatización. Según diversas declaraciones gubernamentales,
el producto de la venta de empresas estatales: (1) se ha invertido en proyectos
de obras públicas del PRONASOL; (2) se ha depositado en un fondo especial de
contingencia, o (3) se ha utilizado para amortiguar la deuda interna. En un reportaje que apareció en primera
plana en El Financiero Internacional del 16 de septiembre de 1991) se
decía: "Si usted se pregunta qué se hará -o que se ha hecho- con el dinero
(de la privatización)- no está usted solo".
En
vista de que no existe una contabilidad pública de los millones de dólares
producto de la privatización (y de la mayoría de las operaciones del gobierno),
es casi imposible calcular cuánto dinero se gasta en los proyectos del PRI
encaminados a la compra de votos. El Financiero Internacional informó el
23 de septiembre de 1991: "El treinta por ciento del total del presupuesto
de Solidaridad (cerca de 700 millones de dólares) se gastó durante los 45 días
anteriores a las elecciones federales de agosto", lo que implica un gasto
total anual de casi 3 mil millones.
Luis Felipe Bravo, secretario técnico del gabinete paralelo del PAN se
refiere al PRONASOL como "una herramienta del sistema para hacer creer a
los mexicanos que si necesitan algo, el PRI se los puede dar".
Tal
como se usa al PRONASOL para la compra de votos, la inflación probablemente se
use para crear la apariencia de un crecimiento económico. Las proyecciones para 1991 muestran que el
abasto monetario de México aumentó a una tasa nominal entre 60 y 70 por ciento
(el año que terminó en junio mostró una tasa de aumento superior al 60 por
ciento). Mientras tanto, las tasas de
interés sobre la deuda en pesos a corto plazo han disminuido hasta llegar a lo
que hoy en día son niveles reales negativos, obligando a los mexicanos a unirse
al frenesí especulativo de la bolsa de valores de la ciudad de México o a
invertir sus fondos en depósitos en dólares con mayor rendimiento. Hablando a condición de mantener el
anonimato, un destacado hombre de negocios calcula que el verdadero nivel de la
inflación para los consumidores está entre el 20 y el 30 por ciento para este
año, en comparación con la tasa oficial del 15-16 por ciento, o las tasas de
interés para inversiones a corto plazo de menos del 20 por ciento.
Algo
más que unos cuantos observadores se muestran preocupados porque el torrente de
liquidez que inunda a la economía mexicana, junto con una apreciación en la
valuación real del peso en relación al dólar, pueda provocar el resurgimiento
de una inflación regida por la demanda, muy probablemente para finales de 1992
y durante 1993. A su vez, el aumento en
la demanda interna inflaría el déficit comercial del país y rebajaría las
reservas de divisas extranjeras de México.
Es pertinente señalar que las impresionantes reservas en dólares, por un
total de 16 mil millones, apenas cubrirían el costo de cuatro meses de
importaciones (3.5 meses según Standard & Poors). Si se toman en cuenta las compras de alimentos del exterior
durante 1990, por un total de 5 mil millones de dólares, junto con otros 1.5
mil millones por concepto de importaciones de gasolina y combustóleo, las
implicaciones para el peso no son alentadoras.
En realidad, según un periodista veterano de la ciudad de México, de no
ser por el "fondo de contingencia" de 3 mil milones de dólares
depositado en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, las cifras
oficiales hubieran mostrado una disminución en agosto de 1991, lo que refleja
el desequilibrio entre las importaciones y las exportaciones de México.
III. LA
POLITICA DEL LIBRE COMERCIO
"El
equipo de relaciones públicas de México ha logrado producir una imagen muy
positiva del gobierno. Eso podría ser
conveniente, pero también causa problemas, como ya se vio durante el gobierno
de López Portillo, si las expectativas son tan altas que resulta difícil
hacerlas realidad."
Miguel
Basáñez
Prospectiva
Estratégica
1
de noviembre de 1991
El
tercer - y más importante - punto de vulnerabilidad de Salinas y del PRI
proviene de una fuente que ni él ni sus colaboradores más cercanos parecen
sospechar. Salinas ha puesto en juego
su futuro y el de su partido en el apoyo político y financiero de Washington.
Ante el estancamiento económico que prevalece en Estados Unidos y la erosión de
la hace poco tiempo inabatible popularidad de George Bush, el compromiso de la
administración Bush hacia México puede quedar subordinado a prioridades
económicas internas en un ambiente de año electoral.
Como
ya se ha dicho, con la iniciativa del TLC se propone incrementar la confianza
en la viabilidad económica de México, sin afectar en nada el aparato opresivo
del PRI-gobierno. Además de los
problemas políticos que implica un enfoque de esta naturaleza, tampoco se dirige
a las serias deficiencias del programa económico de México, que están siendo
exacerbadas por el deterioro en las condiciones de la economía estadunidense.
La
preocupación general por el estado de la economía estadunidense también se está
traduciendo en preocupaciones específicas por el medio ambiente, los derechos
laborales y el problema de las drogas. No obstante que hace un año la Casa
Blanca obtuvo sin problemas los votos en favor de la "vía rápida"
para la negociación del TLC, la aprobación del Senado en un clima de deterioro económico
no es nada segura. "Se puede ver
los votos sumandose en contra del TLC", dijo un senador demócrata que votó
por la vía rápida a finales de octubre de 1991. "Una economía débil en un año de elecciones facilita el voto
en contra mientras que hace más difícil defender el voto a favor."
Mientras
tanto, las cuestiones políticas y de derechos humanos atraen cada vez mayor
atención. "Existe una variedad de
intangibles que deben entenderse y analizarse antes (que la Casa Blanca) vuelva
a presentar cualquier tratado ante el Congreso", dijo el diputado
demócrata Robert G. Torricelli, presidente de la Subcomisión Sobre Asuntos del
Hemiferio Occidente a un grupo de participantes en una reunión-desayuno
celebrada en Washington. "Por muy entusiastas que nos mostremos ante el
tratado, éste es un club exclusivo para las democracias y le queda muy poco
tiempo al gobierno mexicano para comprobar que su proceso electoral sí
funciona".
Si
la economía estadunidense continuara estancada durante 1992, como parece
probable, la tendencia natural del congreso hacia el proteccionismo, aumentada
por las tensiones comerciales con Japón, podría convertirse en un gran
obstáculo -particularmente si se junta con cuestiones tales como el medio
ambiente a lo largo de la frontera. El
27 de julio de 1991 el diputado demócrata por Illinois Cardiss Collins declaró:
"Las
evidencias presentadas durante las tres audiencias del comité me llevan a
pensar que un acuerdo con México podría dar como resultado una mayor pérdida de
empleos aquí en Estados Unidos y un nivel de vida más bajo para los
trabajadores estadunidenses... Creo que
los tratados comerciales pueden utilizarse para debilitar a los reglamentos y
el cumplimiento de las normas de seguridad en materia de alimentos en Estados
Unidos, y que un acuerdo con México podría resultar en daños severos al medio
ambiente."
Con
la expectación de que las cuestiones económicas dominen el panorama de las
elecciones de 1992, la Casa Blanca se está centrando más en los problemas
económicos internos y políticos, dejando fuera cualquier tema que no apoye la
reelección de George Bush en 1992. En
octubre de 1991, la decisión de la empresa Zenith de trasladar 1,100 empleos de
Springfield, Missouri a México provocó una fuerte reacción del público y del
congreso, poniendo al descubierto la ira política y la enajenación que los
enemigos del TLC esperan manejar a su favor en las elecciones de 1992.
El
libre comercio con México podría aplazarse hasta después de 1992. De la misma manera que Salinas se vio obligado
a sacrificar a los candidatos del PRI en Guanajuato y San Luis Potosí para
mantener la aparencia de una reforma política ante la opinión pública
extranjera, Bush podría verse forzado a aplazar el apoyo hacia México si
alentar el libre comercio se convierte en un descrédito político interno.
Aun
con los nuevos préstamos del exterior, resulta dudoso que el presidente Salinas
pueda hacer frente a la creciente presión sobre el peso mexicano y las reservas
en dólares a lo largo del próximo año.
El aumento en el déficit comercial podría obligar a Salinas a devaluar
antes de que concluyan las negociaciones del TLC, en un acto dramático que
acabaría con la credibilidad de los mexicanos agobiados por la inflación, y
alejaría a los bancos e inversionistas extranjeros que el PRI necesita
desesperadamente para sobrevivir. Los
retrasos políticos que conlleva la aprobación del TLC pueden terminar por
desestabilizar el gobierno que originalmente pretendía estabilizar.
Unas propuestas para la
integración norteamericana
Nunca
antes se ha intentado establecer un tratado de libre comercio entre dos
sociedades tan diferentes como las de México y Estados Unidos. El ensayo más ambicioso en este sentido ha
sido el de la Comunidad Europea que ha construido pacientemente un marco para
la integración de España, Portugal y Grecia a las economías más avanzadas de
Europa occidental. De hecho, la
remoción gradual de barreras económicas en la frontera sur de Estados Unidos
está creando una nueva unidad geopolítica norteamericana, comparable a la de
las primeras etapas de la Comunidad Europea.
Con esta integración aparentemente inexorable, las distorsiones
económicas y políticas que provoca la continuidad del régimen unipartidista de
México serán sentidas también en Estados Unidos y Canadá.
Los europeos, que se enfrentan a
diferencias económicas y culturales bastante más modestas que las que separan a
México de los Estados Unidas y Canada, jamás han tenido la ilusión de que la
integración económica pueda lograrse fácilmente, sin las correspondientes
reformas políticas. España, Portugal y
Grecia fueron admitidos a la Comunidad Europea sólo después de que se
deshicieron de sus instituciones políticas autoritarias. En la actualidad, la Comunidad condiciona el
otorgamiento de préstamos y subsidios a las naciones de Europa del Este
explícitamente al logro del desarrollo de instituciones democráticas genuinas.
Una
respuesta a la situación política de México de la misma escala que la europea
resulta políticamente prematura a estas alturas, pero no es demasiado pronto
para que el congreso de Estados Unidos empiece a desarrollar un marco para
tratar los problemas políticos y económicos pendientes dentro de las relaciones
México-Estados Unidos. Un tratado
comercial definitivo deberá incluir las siguientes áreas de interés:
Elecciones libres: En primer lugar, debería
advertirse al gobierno mexicano que las perspectivas de un tratado de libre
comercio dependen, en buena medida, de su buena disposición a cumplir con sus
obligaciones internacionales vigentes.
La Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por México,
obliga al país a respetar el derecho de sus ciudadanos a celebrar elecciones
libres y justas. La Convención también
obliga al gobierno de México a acatar las decisiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo los mandatos recientes
recordando al gobierno mexicano su obligación a crear comisiones electorales
independientes y medios confiables para denunciar el fraude electoral.
Debe
solicitarse al gobierno de México que demuestre su compromiso con la reforma
electoral invitando a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados
Americanos a participar como observadores en las elecciones federales de
1994. Tal observación se ha vuelto una
norma generalizada en las Américas. Ya
que nadie ha puesto en duda el profesionalismo y la neutralidad de este tipo de
equipos multilaterales durante elecciones efectuadas en los demás países de
América Latina, no existe razón alguna para excluir su presencia en
México. El argumento que esgrime el
gobierno mexicano en el sentido de que estos equipos estarían de hecho
manejando las elecciones no tiene fundamento, ya que todo lo que hacen es
observar los procesos electorales para detectar indicios de fraude. Si no se
detecta señales de fraude, los equipos multilaterales de observadores
contribuyen a incrementar la credibilidad de los resultados. Por lo tanto, la única razón posible para no
invitar a observadores multilaterales sería que el gobierno mexicano tiene algo
que esconder.
Derechos humanos: Siguiendo el ejemplo de la
experiencia de la Comunidad Europea con Portugal, España y Grecia, los
gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México deberán comprometerse ante un
régimen continental de derechos humanos en la preparación de un tratado de
libre comercio. De manera específica,
los tres gobiernos deberán (si es que todavía no lo han hecho) ratificar el
Convenio de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, el Convenio de
Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la
Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA. Para garantizar las normas mínimas de cumplimiento y para
permitir que cualquier norteamericano pueda denunciar violaciones a los
derechos humanos ante las altas autoridades, los tres países deberán
comprometerse a ratificar el Protocolo Opcional del Convenio de Naciones Unidas
sobre Derechos Civiles y Políticos, a reconocer a la Comisión contra la Tortura
que rige el Convenio de Naciones Unidas contra la Tortura, y a reconocer la
autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José,
Costa Rica.
No
basta con decir, como a menudo lo hacen los que están a favor del TLC, que el
gobierno de México está "mejorando" su actuación en materia de derechos
humanos, sobre todo en lo referente a las reformas en papel promulgadas hasta
la fecha por el gobierno salinista. En
vez de tener a una Comisión Nacional de Derechos Humanos que actúe como
extensión del Ejecutivo, el pueblo mexicano necesita un verdadero Ombudsman
independiente facultado para la defensa activa de todos los derechos humanos,
incluyendo a los derechos políticos y laborales. Sin las reformas de fondo
necesarios para que se eliminan prácticas tales como la represión laboral, la
tortura de los detenidos y el asesinato e intimidación de periodistas, México
no estará cumpliendo con su responsabilidad como socio económico y político de
un sistema norteamericano más extenso.
Dependencia financiera: Aunque es comprensible e incluso
deseable que Estados Unidos, como socio económico más fuerte, brinde asistencia
financiera a México para facilitar su transformación en una nación
industrializada moderna, esta asistencia no deberá ser incondicional ni deberá
limitarse estrictamente a consideraciones de tipo económico. En tanto la asistencia económica sirva
para mantener el régimen autoritario de México, resulta prematuro y tal vez
hasta absurdo hablar de mayores oportunidades de libertad y prosperidad a
través de un tratado de libre comercio.
Por otra parte, proponer un acuerdo de libre comercio sin poner fin al
flujo de subsidios y préstamos que Estados Unidos dirige hacia México nos
coloca en la postura extraña de pedir a los trabajadores estadunidenses que
compitan con sus contrapartes mexicanos en industrias subsidiadas por dólares
que son el producto de sus impuestos.
Reducción de la deuda: Como parte de un análisis más
amplio de la relación financiera entre Estados Unidos y México, el congreso
estadunidense deberá centrase en los problemas que plantea la deuda externa, no
sólo para México, sino para el resto del mundo en desarrollo. El endeudamiento externo no es un
prerrequisito para el desarrollo económico y la historia ha demostrado que sí
puede ser un obstáculo para el crecimiento económico real. Cuando el aumento de la deuda y de las
importaciones vuelvan a obligar a México a revaluar su moneda en relación al
dólar, la pérdida de poder adquisitivo, de confianza financiera y de
credibilidad política que resulte pondrá fin a la capacidad del gobierno de
Salinas de solicitar préstamos del extranjero.
En tal caso, México, sus bancos acreedores, las agencias multilaterales
y los inversionistas privados se verán nuevamente obligados a negociar alguna forma
de condonación de la deuda, repitiendo así el mismo error que cometieron los
inversionistas extranjeros y los bancos comerciales en dos diferentes ocasiones
durante el último siglo. Pareciera que para cada generación de banqueros
siempre hay una primera vez.
Aunque
parezca remota la posibilidad de una crisis deudora en México, el aumento en
los niveles de la deuda y del déficit externo son sólo los primeros indicios de
un problema futuro. Un gran número de
observadores estadunidenses se consuelan falsamente ante el hecho de que los
bancos comerciales no están concediendo nuevos préstamos a México, pero la
próxima crisis implicará mayores costos.
Las agencias multilaterales tales como el Banco Mundial inevitablemente
tendrán que solicitar a las naciones accionistas miles de millones en capital
para otorgar cada vez mas préstamos a naciones deudoras como México. Los inversionistas extranjeros que sufran
pérdidas podrán reclamar, justificadamente, que el gobierno de Estados Unidos,
a través de su apoyo indirecto al Banco Mundial y a otros prestamistas
multilaterales, deliberadamente los hicieron creer que invertir en México era
seguro y altamente redituable, lo que constituye una contradicción de las
relaciones básicas entre el riesgo y las ganancias.
Sin
embargo, en el análisis final, será el pueblo de México quien más resienta los
costos políticos y financieros de la estrategia miope de Washington para
estabilizar al gobierno de Salinas. El
costo de utilizar la deuda y otras medidas temporales para crear la ilusión de
estabilidad y crecimiento en México será la inflación y niveles de vida más
bajos en los próximos años, y tal vez también la inestabilidad social. La misma crisis que Washington se ha
esforzado tanto en evitar podría ser el resultado irónico de la política miope
de la administración Bush para mantener la "estabilidad" en México.
#
Annex # 1/Nuevo Leon Poll Results
|
100 |
62 |
|
99 |
24 |
|
98 |
23 |
|
97 |
17 |
|
96 |
12 |
|
95 |
13 |
|
94 |
7 |
|
93 |
15 |
|
92 |
6 |
|
91 |
3 |
|
90 |
11 |
|
89 |
9 |
|
88 |
7 |
|
87 |
7 |
|
86 |
5 |
|
85 |
7 |
|
84 |
10 |
|
83 |
4 |
|
82 |
2 |
|
81 |
5 |
|
80 |
3 |
|
79 |
1 |
|
78 |
1 |
|
77 |
5 |
|
76 |
1 |
|
75 |
2 |
|
74 |
2 |
|
73 |
3 |
|
72 |
0 |
|
71 |
2 |
|
70 |
0 |
|
69 |
3 |
|
68 |
0 |
|
67 |
3 |
|
66 |
0 |
|
65 |
0 |
|
64 |
2 |
|
63 |
0 |
|
62 |
0 |
|
61 |
0 |
|
60 |
0 |
Annex # 2/Trade Deficit
|
80 |
-3.4 |
|
81 |
-3.8 |
|
82 |
6.8 |
|
83 |
13.8 |
|
84 |
12.9 |
|
85 |
8.5 |
|
86 |
4.6 |
|
87 |
8.4 |
|
88 |
1.7 |
|
89 |
-2.6 |
|
90 |
-4.1 |
|
91 |
-11.2 |
|
92e |
-13.6 |
Editor please note: 1992 figure is the OFFICIAL estimate. Please CK if there are more recent "estimates" from Hacienda.
Annex # 3/Real Peso
(100=1987)
|
Jan |
93.9 |
|
Feb |
95 |
|
Mar |
96 |
|
Apr |
96.55 |
|
May |
96.89 |
|
Jun |
97.23 |
|
Jul |
97.33 |
|
Aug |
97.44 |
|
Sep |
98.41 |
|
Oct |
99.39 |
|
Nov |
100.39 |
|
Dec |
101.39 |